lrededor de esta fecha, en un hotel de Punta Arenas, ante muchas personas, un minero contó que “había comido un costillar de indio y que le halló muy rico”. Al ver “que sus oyentes se horrorizaban al oír tamaña barbaridad, él entonces explicó la cosa en estos términos: ‘Nos hallábamos sin víveres y acosados por el hambre, fuimos á cazar un indiecito y lo asamos i después lo comimos’”. El relato fue efectuado por el teniente coronel Daniel Cruz Ramirez (Sumario sobre vejámenes inferidos a indíjenas de Tierra del Fuego. Archivo Judicial de Magallanes).
Cruz Ramírez, al regresar de una expedición “que hizo en la Tierra del Fuego, contaba cosas que daba horror oir, sobre los pobres indios y su infeliz estado tan perseguidos por los blancos. Entre otras cosas, decía que algunos propietarios de aquella tierra para conservar sus ovejas mataban á los indios y hasta había algunos que pagaban una libra esterlina por cada cabeza de ellos. Refería también que había encontrado el cadáver de un hombre indíjena muerto de poco tiempo y á su lado una mujer india asada (…) y decía que aquella era cosa hecha por los blancos civilizados”.
Otro testimonio fue del “señor W (o N.). Carter, jefe de policía de Usuhuaia”. Quien, en marzo de 1895, “hallándose en la misión salesiana de Río Grande, (…) en presencia de don J. M. Beauvoir (…) dijo, que en territorio chileno de la Tierra del Fuego, había un inglés, Sam, el cual se jactaba de haber él sólo matado á más de quinientos indios y que no perdonaba ni edad ni sexo (...) él le había dicho: ‘Ahora son chicos; pero mañana serán grandes y me darán mucho que hacer, ni más ni menos, como ahora los viejos; mejor acabar de una vez con ellos’” (op.cit.).
Este proceso judicial se inició debido a una denuncia periodística que generó la intervención de un órgano judicial de Valparaíso, que ordenó al juez de la capital magallánica el comienzo de una investigación. Este, fue el único caso de sustanciación de una causa judicial, donde fue citado a declarar hasta el propio Mauricio Braun, quien negó todas las acusaciones que vinculaban al personal de la Sociedad Explotadora con las masacres de nativos fueguinos.
En la intervención del juez Waldo Segel se tomaron numerosos testimonios de personas que pudieron constatar las matanzas. Sin embargo, no hubo ninguna declaración de las víctimas. El proceso terminó sin condenas.
