n tanto las máximas autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda y Habitad (IPVyH) se comprometieron públicamente a asistir y evaluar la situación de las familias involucradas en la toma de terrenos en la zona del Pipo, también informaron que ya formularon la denuncia penal correspondiente cuya resolución se espera de forma inminente por parte de las autoridades judiciales de feria.
La presidenta de la institución pública, arquitecta Laura Montes, se hizo presente en el lugar ocupado por 27 familias: “me acerqué para ponerme a disposición, estaba el señor Juan Barrientos, dejé mi contacto para entablar una mesa técnica de debate” consignó la funcionaria por FM Master’s.
Entre las personas que protagonizan la ocupación, hay diferentes situaciones habitacionales. Algunas están inscriptas desde hace muchos años, cuya solución puede entonces aparecer en el corto plazo, y otras aún no cumplen con los cuatro años de inscripción requeridos para acceder a alguna respuesta habitacional. Mientras que las restantes ni siquiera figuran en los padrones del IPV, tal como aseguró Montes.
“Entiendo la problemática, pero dejando en claro que no podemos avalar este tipo de accionar, sobre todo porque es un sector que no está urbanizado, no tiene servicios con lo cual obviamente no puede haber una ocupación” distinguió Montes, al tiempo de resaltar la presencia de menores de edad, con la mayor vulnerabilidad que ello implica.
En ese sector en particular, al igual que en otros lindantes, el Instituto tiene proyectos de urbanización para ser efectuados a futuro.
La funcionaria insistió en no desconocer la problemática, aunque aclaró que “claramente no tenemos ya la solución que están pidiendo, si no ya la hubiéramos ofrecido”.
Informó asimismo que el IPV está trabajando en distintas direcciones, por un lado “el gobernador está gestionando para poder sacar las objeciones técnicas de Nación, estamos ejecutando vivienda, pero también estamos trabajando para generar lotes con servicios y eventualmente poder entregar créditos de autoconstrucción”, en una especie de repaso por el abanico de soluciones habitacionales que el Instituto a su cargo gestiona.
Lo que sí enfáticamente rechazó Montes fue lo dicho por Barrientos, referente en la ciudad del Polo Obrero, inscribiendo la toma en los alcances de la ley del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) que establece que cuando hay más de 8 familias ocupando un sector público, están protegidas por la norma: “en Río Grande, en la Margen Sur, regularizamos a más de 3000 familias, conozco la Ley. El tema es cuando es un asentamiento establecido y nosotros vamos a evitar que esto suceda. Acá no hay servicios y es un sector que tiene su proyecto determinado para tener lotes con servicios. Vamos a seguir por esa vía” aseveró Laura Montes.
Lo cierto es que la denuncia ya fue radicada el propio día sábado, y tanto el Juez de feria como el Fiscal dispondrán las medidas a llevar adelante, seguramente en las próximas horas. No obstante, desde el IPV apuestan por seguir dialogando para encontrar un camino de solución, sobre todo para las familias más vulnerables que tomaron la drástica decisión de ocupar los terrenos.
