n la edición de este día, el diario La Nación difunde el aumento de las atribuciones de los gobernadores territoriales, entre ellos del mandatario fueguino Esteban Deloqui.
Hasta ese momento, “su poder se limitaba a la realización de reportes ministeriales y a la información telegráfica de los abusos y pendencias de los demás funcionarios. Para corregir la situación, el Ministerio del Interior publicó en 1905 un decreto que restablecía el ejercicio de la superintendencia, con facultades para requerir la remoción o suspensión de los empleados cuando las irregularidades cometidas lo hicieran necesario” (Silvana M. Cecarelli. El Penal fueguino).
El diario porteño evaluó que “al concentrar las atribuciones de los gobernadores, se provee al mismo tiempo hacer más efectivas las responsabilidades y a poner término al conflicto y desbarajuste incesante, a la anarquía y disidencias de las distintas reparticiones, que interponían sus denuncias y rencillas al ministerio”. Por otro lado, consideró que “en la práctica dará buenos resultados si el gobierno sabe infundir a sus agentes el sentimiento del deber y de sus responsabilidades y no se convierten por la tolerancia o el favoritismo en jefes de círculos oficiales y camarillas de paniaguados”.
En al ámbito fueguino “se percibió este instrumento legal como la vuelta a otros tiempos en los que el gobernador tenía el poder de tomar las decisiones más urgentes para la región, y en el caso especial de Tierra del Fuego, de controlar el establecimiento penitenciario con todo lo que ellos significaba”.
Esta medida no produjo los cambios esperados y la parsimonia burocrática se mantuvo enquistada en los distintos organismos del estado.
“En la misma época se estudió la posibilidad de unificar esta jurisdicción con la gobernación de Santa Cruz mediante la anexión de la parte norte de la isla para una mejor administración. Se reservaría la zona sur para un apostadero naval y otros establecimientos (...) Si bien llegó a haber una comisión destinada a esa tarea, la unificación no se llevó nunca a la práctica, y se mantuvo el estatus de gobernación independiente casi hasta mediados de siglo, cuando razones de política nacional la concretaron temporalmente”.
Para entonces la población de Ushuaia alcanzaba a unos seiscientos habitantes, “formada en su mayoría por empleados del presidio y sus familias…” (op.cit.).
