ranscurridos ya más de 6 años desde que el Gobierno Nacional creara mediante el decreto 929/16 “la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo, sobre el territorio conformado por la Isla de los Estados, la Isla Observatorio, el Islote Elizalde, la isla Zeballos, la Isla Goffré, el Islote Gutiérrez e islotes adyacentes”, el bloque legislativo del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ley apuntado a defender la integridad territorial de la Provincia.
La iniciativa, que lleva la firma del legislador Pablo Villagas, propone que el Parlamento ratifique que “la Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e Islotes adyacentes (…) integran el dominio público de la Provincia”. Además impulsa que se instruya al Fiscal de Estado “a ejercer las acciones judiciales que por derecho corresponden a efectos de que se declare la inconstitucionalidad y/o nulidad del decreto 929/16, y de todo otro instrumento legal que menoscabe, controvierta o perturbe la plena vigencia de los derechos de la Provincia en relación a la Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e islotes adyacentes” y que desde la Legislatura también se exhorte al Gobernador “a instar ante las autoridades del Gobierno Federal, en tiempo y forma legal, la derogación del decreto 929/16 del Poder Ejecutivo Nacional”.
El decreto en cuestión fue dictado el 9 de agosto de 2016 por el entonces presidente de la Nación Mauricio Macri. Al anunciar la creación de la Reserva Natural Silvestre, sobre la misma área geográfica que desde la sanción de la Constitución de Tierra del Fuego es una Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística, Macrí afirmó que con la iniciativa el Gobierno Nacional estaba cumpliendo con el compromiso de aumentar la superficie de las áreas protegidas en el territorio argentino como contribución al cuidado del ambiente, además de garantizar la protección de las 52.736 hectáreas que abarcan la Isla de los Estados y el archipiélago de Año Nuevo.
El acto se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner y contó con la participación de la por entonces gobernadora Rosana Bertone, que estuvo acompañada por el senador nacional José Ojeda y el legislador provincial Pablo Blanco. Bertone destacó que con el dictado del decreto nacional “se ha logrado un status jurídico diferente en cuanto a la protección natural” de la Isla de los Estados, que posibilitaría “un trabajo conjunto entre la Armada Argentina, Parques Nacionales, el Gobierno Nacional y Provincial para articular mejores políticas ambientales para proteger la flora y fauna del lugar”. Además aseguró que la incorporación de esa porción del territorio provincial al Sistema Nacional de Áreas Protegidas no restringía la jurisdicción provincial, por cuanto “la Isla de los Estados es una parte de nuestro territorio y lo seguirá siendo”.
En Tierra del Fuego hubo una muy tibia reacción política y social al dictado de ese decreto nacional. Adrián de Antueno, legislador territorial mandato cumplido, presentó días después del dictado del decreto nacional un proyecto de particulares ante el parlamento provincial solicitando el rechazo legislativo a la referida norma nacional. El asunto fue tomado por la bancada UCR-Cambiemos y girado para su análisis a comisión, hasta que finalmente pasó a archivo.
Tras las elecciones nacionales y provinciales de 2019, que frustraron las pretensiones reeleccionistas de Macri y Bertone, la llegada a la Presidencia del Alberto Fernández y de Gustavo Melella a la Gobernación parecía abrir la puerta a la derogación del decreto 929/16.
La indefinición en torno al tema motivó que en 2020 Adrián De Antueno realizara una presentación ante la Fiscalía de Estado, solicitándole al organismo de control que evalúe los alcances del decreto nacional en cuestión y “de considerarlo necesario, recomiende e inste acciones para resguardar el patrimonio y la autonomía provincial”. Si bien la Fiscalía de Estado consideró injustificadas las razones esgrimidas por el Ejecutivo Nacional para el dictado del decreto 929/16, entendió oportuno, antes de avanzar judicialmente para reclamar la inconstitucionalidad del mismo, recomendar al Gobernador que diera continuidad a las gestiones políticas iniciadas ante el Gobierno nacional tendientes a la derogación del decreto.
