l órgano de control externo de la función económico – financiera y patrimonial de los tres poderes del Estado fueguino funcionará otro año solamente con dos de los tres miembros que, por Constitución, lo integran, ya que fue prorrogada por otro año la licencia sin goce de haberes al vocal Contador Luis María Capellano.
La decisión adoptada a comienzos de febrero por dos vocales restantes, responde a que Capellano continúa ejerciendo la Presidencia de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, cargo para el que resultó elegido a comienzos de 2022 por un plazo de 4 años.
Por ello, y como ya ocurrió a lo largo de los pasados 12 meses el Tribunal de Cuentas de la Provincia continuará funcionando con el vocal abogado Miguel Longhitano y el vocal contador Hugo Pani, por lo menos hasta el 1 de marzo de 2024.
Luego de ejercer distintos cargos dentro de la Presidencia de la Administración Federal de Ingresos Público y de desempeñarse entre 2010 y 2015 como Subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Nación, el contador Luís María Capellano llegó a Tierra del Fuego en diciembre de 2015 al ser designado por la entonces gobernadora Bertone como Secretario de Ingresos Públicos de la Provincia. Ejerció ese cargo menos de 1 mes, ya que el 14 de enero de 2016 fue designado como Director Ejecutivo de la recientemente creada Agencia de Recaudación Fueguina, en la que se fusionaron la Secretaría de Ingresos Públicos, la Subsecretaría de Catastro, la Dirección Provincial de Asuntos Dominiales, la Dirección Provincial de Catastro, la Dirección Provincial de Información Territorial, la Dirección General de Rentas y la Dirección General de Fiscalización de Hidrocarburos.
En julio de 2018 fue designado por Bertone como Vocal Contador del Tribunal de Cuentas de la Provincia en reemplazo de Diego Pascuas.
La comisión arbitral que ahora preside Capellano es el organismo encargado de la solución de los problemas que pudieran originarse en la aplicación del Convenio Multilateral, previniendo y dirimiendo los conflictos que se presentasen en relación a la interpretación de sus normas y evitando la consecuencias derivadas de la doble o múltiple imposición dentro del territorio nacional por medio de tributos locales que inciden sobre las actividades económicas, los ingresos brutos y todo otro gravamen.
