onsejo de Familiares de Víctimas de Casos Impunes
Este día, se difunde la formación del Consejo de Familiares de Casos Impunes en Tierra del Fuego. La reunión se llevó a cabo en Río Grande.
La iniciativa fue impulsada por los familiares de Oscar Voulliez. Estuvieron presentes Gustavo Mellman, padre de Natalia Mellman -la adolescente violada y asesinada por policías de Miramar-, Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera –torturada y asesinada en una comisaría de Florencio Varela-; familiares de víctimas y referentes del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, el diputado nacional Oscar Martínez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el veterano de guerra Horacio Chávez y militantes sociales.
Durante la reunión se planteó la necesidad de que la lucha contra la impunidad sea tomada como “política de Estado” (portal Actualidad TDF).
Los familiares de Vouillez relataron “las presiones y amenazas que sufrieron luego que se encontró el cuerpo de Oscar” y anunciaron “la decisión de su hijo menor de presentarse como querellante en la causa”.
Vouillez apareció muerto en 2004 en la costa de Río Grande, “después de que lo buscaran por más de treinta días, sin que las respuestas ofrecidas por las autoridades hayan satisfecho a sus familiares” (El Diario del Fin del Mundo, 9/12/2013).
Nancy Valdés, cuñada de Voulliez, unos meses antes había publicado el libro “Tierra de impunidad”. donde reseñó los casos fueguinos.
Valdez describió los casos de las desapariciones de Sofía Herrera, Ezequiel Huirimilla y Norma Tello. Enumeró los casos de muertes impunes, como el de Cristian Silva, asesinado por un policía al que condenaron pero que tenía muchas facilidades para salir de la cárcel”. O “el caso de Natalia Cárdenas, asesinada por su marido, quien supuestamente “estaba limpiando el arma”. También recopiló “los homicidios impunes de Mabel Almada, Teresa Tita Cárdenas, Marta Trabuchi y María de los Ángeles Cañete Vega, entre muchos otros”.
Otro capítulo se refirió a las muertes de reclusos en sedes penitenciarias o policiales, como “el caso de Castro Molla, trasladado a Río Grande y golpeado por penitenciarios, que toma la medida de subirse a un techo para protestar por la golpiza (…) y muere en circunstancias de lo más dudosas”.
Según Valdez, otro casi similar fue el de Franco Rodríguez, “un joven ebrio al que levantaron por la calle los policías, y que al otro día estaba ahorcado en la comisaría” (op.cit.).
