l presidente del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, el Dr.
Clemente Vidal Oliver, manifestó su inquietud y desacuerdo con un proyecto de ley que busca permitir el divorcio en sede administrativa, sin la intervención de abogados o jueces. Esta propuesta ha generado un intenso debate en la comunidad legal y en la sociedad en general.
El Dr. Vidal Oliver expresó su preocupación al respecto: "Sin intervención de letrados y sin intervención de un juez. Cosa que es un poquito preocupante". Según él, esta medida podría tener graves implicancias legales para quienes decidan divorciarse de esta manera.
El proyecto de ley plantea que las parejas que deseen divorciarse podrán hacerlo en una oficina de registro civil, llenando un formulario y renunciando a sus derechos conyugales. El Dr. Vidal Oliver destacó la importancia de contar con asesoramiento legal en casos de divorcio, ya que las consecuencias legales pueden ser significativas en áreas como la división de bienes y la custodia de los hijos.
"Lo primero que deben hacer es consultar a un abogado, para ver cuáles son las consecuencias, para ver qué tipo de trámite deberían iniciar, cuáles son sus derechos y cuáles serán sus obligaciones", enfatizó el presidente del Colegio de Abogados. Argumentó que el proceso de divorcio involucra una serie de cuestiones legales y financieras que no pueden ser abordadas adecuadamente sin la ayuda de un profesional del derecho.
Además, planteó la incertidumbre que rodea a la renuncia de derechos que exige el proyecto de ley. "Este proyecto, por ejemplo, pone como requisito de viabilidad del trámite que las dos personas renuncien a sus derechos. ¿Cómo saben cuáles son sus derechos? Si no lo consultan con un letrado antes, no sé cómo van a hacer", cuestionó.
El proyecto de ley ha sido presentado por una diputada de Chubut, con la co-firma de la diputada Mabel Caparrós de Tierra del Fuego. El Dr. Vidal Oliver considera que este tipo de propuestas deberían ser discutidas y analizadas con la participación de la comunidad legal y expertos en la materia antes de ser presentadas como proyectos de ley.
"La abogacía organizada debería haber sido consultada para evaluar las posibles consecuencias y problemas que este proyecto podría generar", expresó. Argumentó que la falta de consulta con los expertos en derecho podría llevar a situaciones injustas, especialmente en casos de violencia de género, donde una víctima podría sentirse presionada a renunciar a sus derechos sin una adecuada asesoría legal.
En resumen, el proyecto de ley que busca permitir el divorcio en sede administrativa ha generado un acalorado debate en la comunidad legal. Mientras algunos argumentan que esta medida podría simplificar el proceso de divorcio, otros, como el Dr. Vidal Oliver, expresan su preocupación por las posibles implicaciones legales y la falta de asesoramiento legal en estos casos.
