tendiendo a las proyecciones macroeconómicas y la política de déficit cero contempladas por el Gobierno Nacional para próximo año, el Ejecutivo fueguino reformuló el proyecto de presupuesto provincial para el 2025 que había presentado, en cumplimiento de los plazos constitucionales, a fines del mes de agosto, y lo remitió a la Legislatura para su análisis.
El nuevo Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos fija el total de ingresos de la provincia para el próximo año en $1.243.151.253.305, unos 112 mil millones menos que el $1.354.882.711.521 estimados en el proyecto original, y un total de gastos por $1.307.250.621.05, unos 35 mil millones menos que el $1.342.440.226.501 que habían sido previsto para fines de agosto.
De acuerdo con esta actualización de las previsiones de ingresos y gastos, el ejercicio 2025 ya no cerrará con un superávit de 12.400 millones de pesos sino con un déficit de 64.100 millones de pesos.
Al igual que en el proyecto original, El Ejecutivo pide autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta 14 mil millones de pesos, pero incrementa de 10 mil millones a 20 mil millones el endeudamiento solicitado “para financiar obras de infraestructura básica, y la construcción, ampliación y mejora de instalaciones en los sectores de salud, educación y seguridad, con el objetivo de garantizar un desarrollo equitativo y una mayor calidad en los servicios públicos esenciales para la comunidad”.
En materia de financiamiento de proyectos de infraestructura, pero también para “satisfacer necesidades específicas del Estado provincial”, habilita la posibilidad de celebrar a tal fin “convenios interadministrativos con organismos y entidades del Sector Público Provincial”, y establece que “las condiciones y tasas de interés de los convenios de asistencia financiera reintegrable que se celebren deberán ajustarse a las prevalecientes para operaciones de mercado”.
Producto, tal vez, del rechazo que generó en los Municipios, el Gobierno eliminó en el nuevo proyecto de presupuesto la modificación al Fondo de Prestaciones Prioritarias, con lo que se buscaba obtener mayores recursos, provenientes de la recaudación por Ingresos Brutos previa distribución a municipios, para sostener el costo del programa que subsidia los consumos residenciales de gas envasado y a financiar la ejecución de obras de tendido de red de gas natural que permitan la habilitación de nuevas conexiones domiciliarias, para así poder reducir el padrón de beneficiarios del referido programa y la incidencia presupuestaria del programa estimada en unos 52.000 millones de pesos.
Se propone que el Ejecutivo pueda destinar hasta un 30% del fondo creado por ley 959 “para solventar todas aquellas erogaciones que resulten imprescindibles en el marco de las tareas de seguridad pública, que se lleven a cabo en la órbita del Ministerio Jefatura de Gabinete", en lugar de afectarlos exclusivamente “a la adquisición de equipamiento y capacitación a cargo de la secretaría de Protección Civil”.
Otro de los cambios propuestos está referido al financiamiento del Fondo Provincial de Becas. Actualmente, ese Fondo se constituye con los importes provenientes del recupero de préstamos, devolución de becas o multas por incumplimiento de los beneficiarios; los aportes voluntarios de empresas o instituciones públicas o privadas; donaciones, legados o subsidios, y mayormente por el 5% de lo recaudado por la AREF en concepto de Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Por este último concepto, hasta el mes de septiembre el Fondo de Becas recibió casi 2.700 millones de pesos.
La propuesta del Ejecutivo es que a partir de ahora el aporte proveniente de la recaudación del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales sea un monto fijo de 1.500 millones de pesos.
