menos de un mes de que la Legislatura aprobara por ley la suspensión hasta fines de este año los plazos de todos los procesos judiciales que involucren al Fondo Residual, y se comprometiera a trabajar sobre el proyecto que fuera presentado por el Gobierno para concretar la liquidación del Fondo Residual creado por Ley provincial 478, el Poder Ejecutivo debió salir nuevamente a asistir económicamente al Fondo para garantizar así la “cobertura de los gastos esenciales para el funcionamiento de la entidad”.
El convenio que fuera suscripto el pasado miércoles 8 de enero entre el ministerio de Economía y la Administradora del Fondo Residual, cargo que ocupa la viceministra de Economía, determina que la Provincia “otorga al Fondo Residual, en concepto de asistencia financiera, la suma de 90 millones de pesos, pagaderos en 6 cuotas mensuales y consecutivas de 15 millones de pesos”, y que el Fondo se compromete a utilizar esa asistencia “con la finalidad exclusiva de cancelar los gastos corrientes esenciales para el funcionamiento de la entidad”.
En el considerado del acuerdo de financiamiento se recuerda que en el artículo 4 de la ley 478 (de transformación del BTF en Sociedad Anónima que fuera sancionada en marzo de 2000) “se creó el Fondo Residual como persona jurídica de carácter privado” con la finalidad de “administrar los bienes muebles e inmuebles, y de los créditos eventuales y contingentes” que fueron excluidos de la cartera de clientes del BTF y asumidos como propios por la provincia, para que una vez ejecutadas las garantías o recuperados los créditos la Provincia cancelara la deuda de 208 millones de dólares que el Banco tenía con la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
También se recuerda que en marzo del año pasado, el Gobernador encomendó a la viceministra de Economía, Olga Cecilia Rojo, la administración del Fondo Residual.
A 4 meses de tomada esa decisión se dispuso la primera asistencia financiera, de 60 millones de pesos, para que el Fondo pudiera garantizar su funcionamiento.
Para fines de año pasado, y en “atención a la delicada situación económica que atraviesa el Fondo, evidenciada en su falta de autosolvencia y la insuficiencia de recursos para sostener sus operaciones” se solicitó la prórroga de la asistencia financiera oportunamente acordada, la que contó con la conformidad del ministerio de Economía para así “garantizar la estabilidad y el desarrollo de las funciones esenciales” del Fondo.
A lo largo de estos casi 25 años, el funcionamiento del Fondo Residual se vio involucrado en maniobras muy poco claras, algunas de las cuales dieron lugar a causas judiciales por supuestos hechos de corrupción. Incluso al día de hoy se desconoce, a ciencia cierta, cuál fue el nivel de recupero de las deudas que debía administrar el Fondo Residual, cuánto de esos recursos se afectaron a gastos de funcionamiento y al pago de los honorarios de los distintos administradores que tuvo el Fondo, y qué monto se transfirió a la Caja en concepto de cancelación de la deuda de 208 millones de dólares.
Lo que sí está claro, es que desde mediados del año pasado el Fondo Residual necesita de la asistencia financiera de la Provincia para poder hacer frente a sus gastos corrientes esenciales.
