ste día, se inaugura “la Casa Central y Sector Operativo en la ciudad de Ushuaia” que empieza “a funcionar en un pequeño sector de la planta baja y todo el primer piso del edificio situado en San Martín y Roca (Arnoldo Canclini. Ushuaia 1884-1984).
No obstante, la entidad tuvo una historia previa. Comenzó “cuando el gobierno territorial adquiere el paquete accionario de Río Grande Compañía Financiera S.A., pero en realidad cobra vida antes, cuando el 21 de setiembre de 1981, arriban a la ciudad de Río Grande, los primeros ocho funcionarios que tuvieron a su cargo la organización de la institución”.
Uno de los primeros actos fue el alquiler de la propiedad de Thorne 395, frente a la entrada del BIM N° 5, que se sumaba a la sede de la ex financiera de Rosales y Estrada, en Río Grande.
El 17 de diciembre, el Banco Central autorizó su funcionamiento como entidad y, quince días después, se inauguró la primera sucursal en Fagnano 775, que poco después sufrió una explosión por escape de gas.
En su historial existen las páginas negras de los negociados propiciados por sus funcionarios. Una de las primeras se produjo durante la breve gestión de Adrián Fariña, quien otorgó un crédito de salvataje al Banco de La Rioja por tres millones y medio de dólares, monto que fue irrecuperable.
En 1986, el banco otorgó créditos a varias empresas (Proten Fueguina, Juan Servetto, Hugo Agnes, José Cuyul y Yámana) sin el debido contrato prendario. En 1991 y 1992, se concedieron créditos millonarios a Viscosud S. A., que al poco tiempo quebró.
Para esa época, un informe del Banco Central señaló que en el balance se había dibujado un beneficio millonario cuando en realidad el resultado había sido negativo y, en virtud de ello, se distribuyeron premios considerables entre el personal jerárquico por la buena gestión realizada.
Promediando la década, la contratación de una fuerza externa para el cobro de los morosos generó cuestionamientos por la arbitrariedad de los cobradores y las suculentas ganancias que obtuvieron. La Comisión Investigadora de la Legislatura concluyó que se cobraron “unos dos millones y medio de pesos sin que la entidad perciba ni un solo peso”.
A los perjuicios se sumaron las especulativas ventas de los BIC III, el Fondo Residual, la esfumada deuda de la empresa Cóccaro y tantos otros negociados, que hicieron casi milagroso que la entidad aún pueda mantenerse funcionando.
