tendiendo a que “el complejo contexto económico nacional” ha tenido un sensible impacto negativo en las arcas provinciales, el Gobernados resolvió suspender transitoriamente el aumento del 4,5% que debía impactar sobre su remuneración, la de la Vicegobernadora, Ministros, Secretarios de Estado y demás autoridades superiores del gabinete provincial por aplicación del artículo 36 de la ley de presupuesto 2021, que estableció que sueldo que perciba el cuerpo de auditores del Tribunal de Cuenta será tomado como base de cálculo para la determinación de la retribución de la planta política del Poder Ejecutivo.
Pero para evitar que esta medida de ahorro impacte negativamente en el patrimonio tanto del sistema previsional como del asistencial, en el decreto 1020/25 se determinó que los aportes y contribuciones de los funcionarios alcanzados por la medida se calculen y efectivicen “de acuerdo a la remuneración que hubiere correspondido percibir” de no mediar el referido congelamiento.
En el considerando del decreto firmado el pasado viernes 4 de abril y publicado el martes de esa semana, el Gobernador precisa que “los recursos del Tesoro Provincial se han visto extenuados” producto del complejo contexto económico nacional, y que ante ese cuadro de situación “requiere ser atendió de manera urgente a través de la adopción de medida razonables, oportunas, solidarias y excepcionales que resguarden el interés general”, y que además permitan “reorientar el gasto público a reforzar las acciones vinculadas a la contención de las áreas más vulnerables”.
En ese entendimiento, “y con el fin de racionalizar los recursos del Tesoro Provincial” señala que resulta necesario adoptar medidas de “excepción de carácter solidario” que alcancen al conjunto de los funcionarios y personal de gabinete “cuya particular calidad funcional revela un mayor nivel de compromiso con el bienestar de la población a la que sirven”.
En la norma se deja claramente definido que “la decisión adoptada no resulta un ejercicio irrazonable de las facultades del Estado ya que resulta razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación de la sustancia o esencia de la relación jurídica” ya que “no se priva a los funcionarios involucrados de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad, sino que sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios como parte del conjunto coordinado de acciones con las que el Gobierno Provincial busca atemperar los efectos de la crisis a la que se enfrenta”.
En función de esta decisión política, la remuneración bruta de ley del Gobernador seguirá siendo de $5.057.952; la de la Vicegobernadora un 95% de la que percibe el mandatario, y la de Ministro, Secretarios de Estado, demás funcionario y personal de gabinete de entre el 66% al 30%.
Un esfuerzo para nada parejo
Aun cuando en el considerando del decreto 1020/25 afirma que “los principios básicos de equidad y justicia social exigen que los mayores esfuerzos que impliquen la medidas adoptadas descansen sobre el conjunto de los sectores de la sociedad en proporcionalidad a su capacidad de contribución en el esfuerzo común”, el Gobernador sólo tiene facultades para disponer este congelamiento únicamente en el ámbito de su competencia, sin invadir la esfera de competencia de los otros Poderes del Estado y de los órganos de control.
Es por ello que el congelamiento no aplica sobre la dieta de los Legisladores, que por aplicación de este aumento asciende a un bruto de escala de $ 4.757.000, ni sobre los sueldos de los miembros del Tribunal de Cuentas que rondan los 11 millones de pesos.
