ás allá de los debates que se han instalado sobre el futuro productivo de Tierra del Fuego, es necesario enfatizar que sostener el régimen de promoción industrial es clave para la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica.
En tiempos donde el gasto público y los subsidios son motivo de discusión constante, hay decisiones que requieren una mirada más amplia. Por esto mismo, no todo puede analizarse únicamente desde el punto de vista fiscal. Un ejemplo claro es el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde 1972, que va mucho más allá de ser una simple herramienta económica: se trata de una política estratégica, vital para garantizar presencia nacional efectiva en el Atlántico Sur y proyectar a la Argentina hacia la Antártida, tal como viene sucediendo.
Gracias a este régimen, Tierra del Fuego logró lo que en otro contexto habría sido impensado: radicar industrias, generar empleo y construir infraestructura en una de las regiones más australes y desafiantes del país. No es casualidad que hoy Ushuaia y Río Grande concentren una actividad económica sostenida. Sin este marco especial, simplemente no se habrían desarrollado.
Además, es fundamental precisar el enfoque sobre la Ley 19.640, especialmente distinguiendo claramente entre el Régimen de Promoción Económica y Fiscal que establece, y el sub régimen de promoción industrial que se encuentra incluido dentro de la misma. Ahora bien, este último, a diferencia de la ley en su conjunto, recibe un tratamiento particular al ser regulado por decreto, quedando sujeto a las atribuciones discrecionales del Poder Ejecutivo Nacional.
Adicionalmente, es crucial reconsiderar la noción del "costo fiscal" asociado a este régimen. En efecto, la Nación no incurre en un costo directo, ya que no destina fondos del presupuesto nacional para el mantenimiento ni de la ley ni del sub régimen.
No obstante, en todo caso, existe una disminución en la percepción de ciertos impuestos. Por consiguiente, es importante destacar que en Tierra del Fuego se abonan impuestos como el PAÍS, impuestos internos, cargas sociales e impuesto al cheque.
Por último, los productos fabricados en la provincia están sujetos al pago de IVA en la cadena de comercialización una vez que se trasladan al continente.
Ahora bien, el valor de esta presencia no se limita a la producción o al mercado interno. Muy por el contrario, la importancia geopolítica de Tierra del Fuego es enorme. Se trata de la última frontera continental argentina, la puerta natural hacia el continente blanco, el punto más cercano a la Antártida y una zona clave frente a territorios en disputa como las islas Malvinas. En un mundo donde el interés por los recursos naturales, las rutas marítimas y la investigación polar crece año tras año, sostener una plataforma estable en el sur no es opcional: es una necesidad estratégica y el interés de los Estados Unidos y China lo confirman.
Por eso, cuando se habla del régimen de promoción, hay que dejar de verlo como un privilegio y empezar a entenderlo como lo que realmente es: una inversión del Estado nacional para consolidar soberanía, poblar el territorio y garantizar desarrollo donde el mercado no llega solo.
Este enfoque no es exclusivo de Argentina. De hecho, muchos países aplican regímenes especiales en regiones extremas o sensibles, con la misma lógica de integración territorial y proyección estratégica. Por ejemplo, Noruega sostiene una presencia activa en el Ártico con subsidios en Svalbard. Chile aplica un régimen fiscal y logístico diferenciado en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Canadá, por su parte, otorga beneficios específicos en territorios como Yukon y Nunavut para mantener actividad y población en zonas clave del norte.
Además, hay otros casos igual de ilustrativos: India promueve el desarrollo de las islas Andamán y Nicobar; Australia impulsa su Territorio del Norte y sus bases antárticas con beneficios específicos; y Estados Unidos otorga estímulos fiscales y logísticos en Alaska para proteger intereses energéticos y militares.
En todos estos países, la lógica es la misma: sin gente, no hay presencia; sin presencia, no hay soberanía.
Claro que esto no significa que el régimen no deba actualizarse. Por el contrario, es necesario revisarlo, modernizarlo y hacerlo más eficiente. Se puede —y se debe— promover más valor agregado, apostar por nuevas tecnologías, mejorar la competitividad y fortalecer el contenido nacional. Pero eso debe hacerse desde una visión de futuro, no desde el recorte inmediato.
Porque si Argentina quiere seguir teniendo voz en el Atlántico Sur, si quiere defender su lugar en la Antártida, y si de verdad apuesta por un país federal, entonces Tierra del Fuego no puede quedar fuera del mapa productivo.
Defender su régimen de promoción no es defender un subsidio. Es defender una política de Estado sobre el extremo sur del país, y los intereses sobre los pasos estratégicos en el Atlántico Sur y el desarrollo futuro sobre la Antártida.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
