ace once meses que están suspendidos los comicios para elegir a los convencionales constituyentes que se encargarán de reformar la Constitución de Tierra del Fuego.
En este contexto, el abogado Manuel Raimbault cuestionó la judicialización del tema. “Yo no creo que el Poder Judicial pueda analizar e interpretar u obturar un proceso electoral por la eventualidad de que el contenido que le diera el principio de soberanía popular pueda no gustarle. Me parece que eso es habilitar una instancia que no está permitida en el sistema institucional”, manifestó.
El letrado recordó que cuando se discutió la reforma del seguro de salud en los Estados Unidos, que propuso Obama, la Corte tuvo que tratar de separar lo político de lo jurídico y mencionó que en ese caso el Presidente de la Corte dijo que el trabajo de un juez no es proteger a la gente de las consecuencias de las decisiones políticas. “El principio de soberanía popular se juzga por sí mismo. No hay ninguna posibilidad de que si va para un lado podría ser inconstitucional y si va para el otro sería legítimo”, remarcó.
Por otra parte, criticó que la Justicia haya hecho lugar a la demanda presentada por el Legislador Provincial Jorge Lechman, a partir de la cual se tomó la decisión de suspender el proceso electivo. “Cuando se defienden derechos colectivos es muy importante garantizar que quien los defienda tenga representación adecuada, Hay una cuestión que parece tener un impacto jurídico muy importante ¿Por qué el Legislador Lechman va a tener más representación en una sentencia que todos los partidos políticos”, argumentó y enfatizó que “la Legislatura votó una ley y consiguió la mayoría para que eso suceda”.
Rauimbault hizo hincapié en que “el caso judicial se da cuando hay un interés o una controversia concreta sobre una cuestión, cuando tal o cual norma está afectando un derecho determinado”.
Insistió en que, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “invariablemente, las potencialidades, las expectativas, las conjeturas, no son casos judiciales” y marcó que si no “lo que estaría imponiéndose es que no se puede votar de determinado modo y eso no parece ser una instancia democrática”.
Por último, expuso que “si de la reforma constitucional surgiera un agravio concreto será en ese supuesto en donde tendrá que intervenir la Justicia”.
