a denuncia presentada contra la gerencia de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande quedó en un freezer tras la decisión de la jueza de instrucción Cecilia Cataldo, de declararse incompetente y elevar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para que resuelva este nuevo incidente, de carácter procesal.
El caso sigue bajo estricto secreto de sumario, por lo que no se pudieron conocer los fundamentos que llevaron a Cataldo a no seguir adelante con la tramitación de la denuncia. Lo único concreto es que el Fiscal Mayor de Río Grande, Martín Bramatí, también se apartó y elevó las actuaciones al Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza.
La denuncia apunta al gerente, Santiago Barrientos; al subgerente, Segundo Santana y al contador Ezequiel Proc; a quienes se les imputan delitos tales como defraudación, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes del funcionario.
Cabe señalar que el pasado 17 de junio, la abogada Adriana Varisco patrocinó la presentación de una denuncia penal, ante la Fiscalía Federal, contra la gerencia de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, que fue realizada por un empleado que fue despedido de esa institución. Se trata de Roberto Carlos Rainieri Fuentes.
Los delitos que se imputan son:
-Defraudación por administración fraudulenta (artículos 173.7 y 174.5 del Código Penal).
-Malversación de caudales públicos (artículos 260 y 261 Código Penal).
-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 Código Penal).
-Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249 Código Penal).
En el escrito también se entiende que los nombrados y otras personas, que el devenir de la pesquisa permitirá advertir su participación, podrían conformar una asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal).
Mientras se resuelve la cuestión de competencia, ninguno de estos hechos denunciados es investigado.
El 19 de junio, en el Juzgado Federal a cargo de Borruto, ingreso el escrito elaborado por el Fiscal Marcelo Rapoport, quien resolvió que ese Tribunal no tenía que intervenir, porque los delitos denunciados no son de su competencia y, que por lo tanto la causa debía tramitarse en los tribunales de jurisdicción provincial.
Este lunes, 23 de junio, la Jueza Mariel Borruto resolvió declararse incompetente, por lo que no intervendrá en la investigación de los hechos denunciados. A través de un comunicado oficial del Juzgado Federal, se explicó que “dado que los hechos denunciados no constituyen delitos que puedan ser investigados en el juzgado federal, su trámite deberá continuar ante los tribunales provinciales”.
