l fiscal Fernando Ballester Bidau presentó un pedido de nulidad contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que rechazó la realización de una segunda pericia al celular del juez Andrés Leonelli. En su argumentación, el fiscal expusó que uno de los camaristas, Alejandro Fernández, votó en favor de Leonelli pese a mantener con él un vínculo comercial directo: compartían un fideicomiso inmobiliario llamado “Edificio Glaciares” desde diciembre de 2022 junto al cuestionado ex juez de instrucción Javier De Gamas Soler, según los registros notariales aportados por el ministerio público
Además, Ballester Bidau recalcó que esa relación de comunidad de intereses estaba vigente cuando se dictó la medida objeto del fallo, lo que configura una causal obligatoria de recusación amparada en el Código Procesal Penal. De no haberse excusado, subrayó, la resolución del 4 de julio (que negó la pericia) debería considerarse nula.
Este nuevo episodio se inscribe dentro de una investigación más amplia que implica al juez Andrés Leonelli, quien enfrenta una causa penal por tenencia de material de pornografía infantil. El caso se activó tras una alerta internacional y allanamientos -ordenados por la jueza María Cristina Barrionuevo– a mediados de junio, donde se incautaron computadoras y teléfonos que, según fuentes policiales, contenían 53 imágenes sensibles.
En un primer momento, la Cámara de Apelaciones –con los votos de Fernández y el juez Aníbal Acosta– rechazó la orden de pericia al segundo teléfono de Leonelli. Sin embargo, la presentación de Ballester Bidau cambia drásticamente el curso de la causa que parecía entrar en su etapa de cierre.
El fiscal no solo pidió la nulidad del fallo, sino también la recusación formal de Fernández, instando a que se designe un nuevo camarista sin conflicto de intereses. En su presentación, advirtió que de no hacerlo, todos los actos procesales dictados por Fernández incurrirían en nulidad absoluta, dado que se violan garantías constitucionales como la del juez imparcial.
El caso apunta así a un cruce delicado entre delitos graves y presunto encubrimiento judicial. Leónelli sigue ejerciendo mientras su defensa sostiene que las imágenes corresponden a archivos de trabajo judicial y cuestiona la pericia solicitada, que solo había sido aplicada a un dispositivo.
En este contexto, la decisión recae nuevamente en la Cámara de Apelaciones, que tendrá que resolver el planteo del Fiscal Ballester Bidau. Si la recusación prospera, el proceso continuará con un nuevo magistrado que deberá resolver el planteo realizado por la defensa.
Por su parte, el camarista Fernández deberá presentar un informe fundamentando la legitimidad de su intervención en las actuaciones en donde Leonelli se encuentra imputado.
Podría sucederse que, en función de la información que existe hasta el momento, que el camarista Alejandro Fernández aporte elementos suficientes para explicar participación en la sentencia que dispuso las nulidades. Caso contrario, Fernández debiera ser apartado y conformarse una nueva composición entre Acosta y un nuevo juez subrogante de la Cámara.
