n tiempos en los que la información circula a una velocidad sin precedentes y la ciudadanía exige instituciones más abiertas, el Poder Judicial de Tierra del Fuego sigue atado a un sistema de seguimiento de expedientes judiciales insuficiente y, en muchos aspectos, excluyente. Para quienes necesitan conocer los plazos reales de tramitación de causas judiciales que impactan en la vida pública, la falta de datos precisos resulta frustrante y, en ocasiones, sospechosa.
Decir que “la Justicia es lenta” en una era donde la tecnología permite el acceso inmediato a la información ya no puede ser una excusa válida. La lentitud, cuando es evitable, es también una forma de injusticia.
Justicia lenta y nuevas tecnologías son, en esencia, conceptos incompatibles.
Sin embargo, los recientes episodios judiciales de alto interés público, tanto a nivel nacional como provincial, abren una oportunidad clave para repensar cómo circulan los expedientes dentro del Poder Judicial. Hoy el sistema Kayén —la plataforma digital del Poder Judicial fueguino— ofrece apenas una visualización parcial. No permite conocer los plazos procesales, la cronología precisa de los movimientos ni la circulación interna por las vocalías del Superior Tribunal. Se desconoce cuánto tiempo permanece un expediente en cada despacho o qué razones justifican las demoras. Esa opacidad atenta contra el derecho ciudadano a controlar el funcionamiento de la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha implementado un modelo de trazabilidad que permite saber en qué etapa se encuentra una causa, quién la tiene en análisis y desde cuándo. No es un capricho técnico: es una herramienta clave para el control republicano, la libertad de prensa y la participación ciudadana en la vida institucional.
El caso de la recusación al juez Ernesto Löffler —avalada por sus propios colegas en el Superior Tribunal— es ilustrativo. ¿Cómo evaluar con fundamentos una conducta judicial si no se puede acceder al dato más básico de todos: cuánto tiempo tuvo el juez la causa en su despacho? Sin trazabilidad, no hay rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas, no hay justicia confiable.
Actualizar el sistema Kayén no implica vulnerar el contenido reservado de los expedientes, sino todo lo contrario: fortalecer la institucionalidad. Se trata de permitir que la ciudadanía acceda a los plazos, a la cronología, a los movimientos internos. Si un expediente duerme durante semanas en una vocalía, el público tiene derecho a saberlo. Si un juez concentra causas sin resolución, ese dato debe estar disponible. Si una sentencia se demora, la razón debe ser trazable.
La buena noticia es que esta transformación no requiere una revolución, sino voluntad. Incorporar estas herramientas al sistema Kayén es técnica y legalmente posible. Y lo que es más importante: es necesario.
El Poder Judicial fueguino tiene hoy la oportunidad de dar un paso firme hacia la transparencia activa. No se trata solo de mejorar un sistema: se trata de fortalecer la confianza pública en una de las instituciones pilares de la democracia. La trazabilidad de expedientes no es una amenaza para la Justicia, sino una garantía para todos.
Hacer de la Justicia un sistema más claro, eficiente y accesible no es una ilusión: es una oportunidad de mejora institucional que dará cuenta de un cambio propositivo al interior del Poder Judicial fueguino.
Como ahora, los momentos de mayor desgaste institucional son también la puerta de entrada a transformaciones profundas. Y esta es una oportunidad que no se debe dejar pasar.
La Justicia puede dar un ejemplo contundente de calidad institucional y salir airosa de estos momentos de incertidumbre.
Pero para lograrlo, no alcanza con discursos y buenas intenciones: se necesita coraje, decisión y un compromiso real con el cambio. Confiamos en una pronta implementación.
