a Comisión de Recursos Naturales emitió dictamen aconsejando la aprobación del proyecto del Ejecutivo que deroga la ley de cultivo y producción de salmónidos y la reemplaza por un nuevo marco regulatorio de la acuicultura.
La iniciativa gubernamental tomó estado parlamentario durante la sesión realizada el martes 8 de julio, última antes del inicio del receso, y durante la primera reunión de comisión en la que fue abordada, obtuvo el aval de 4 de sus 10 integrantes.
De la reunión conjunta de las Comisiones de Recursos Naturales y de Legislación General realizada el pasado viernes 8 en Río Grande tomaron parte funcionarios provinciales, representantes de ONG ambientalistas; de pueblos originarios, del sector comercial, pescadores artesanales, y diferentes actores de la comunidad, y la firma del referido dictamen no estuvo exenta de controversia.
La legisladora Laura Colazo, Partido Verde, renunció a la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y denunció la irregular situación en la que se firmó el dictamen. Refirió que durante la reunión se declaró un cuarto intermedio y que “sin embargo, una vez que me retiré de la Legislatura, dicho cuarto intermedio fue levantado y, sin mi presencia ni conocimiento previo, se emitió dictamen favorable para modificar esta ley” y dejó constancia que considera que ese “accionar vulnera los principios de transparencia, participación y respeto institucional que deben guiar el trabajo legislativo”. La postura de Colazo se vio respaldada por el legislador Pablo Villegas (MPF), que afirmó que la firma del dictamen presenta “un grave vicio de ilegalidad”.
De acuerdo con el documento publicado ayer por la Legislatura, el dictamen de Comisión N° 3 en mayoría estaba respaldado, únicamente, por los legisladores Myriam Martínez (FORJA); Coto (Libertad Avanza); Juan Carlos Pino (PJ) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin, por lo que restarían cuando menos otras dos firmas para alcanzar el acompañamiento de la mayoría de los 10 miembros de esa comisión.
Además de los 4 firmantes, y de Colazo, integran se cuerpo de asesoramiento permanente Matías Lapadula (Provincia Grande); Jorge Lechman (Somos Fueguinos); Federico Sciurano (FORJA); Damián Löffler (MPF) y Virgilio García (PJ).
Habida cuenta que Colazo consideró que el proyecto “representa un grave retorceso en la política ambiental de nuestra provincia y pone en riesgo la protección de nuestros ecosistemas” y que Damían Löffler se expresó a favor de la prohibición de la salmonicultura, seguramente no acompañarán el dictamen.
Pero más allá de la cantidad de firmas que avalen el dictamen, lo cierto es que el proyecto ya está en condiciones de ser tratado en sesión y ser aporbado con una mayoría absoluta (más de la mitad de los votos emitidos), número que no parecería estar en duda, ya que a la postura favorable de Martínez, Coto, Pino y Dos Santos se sumarían las de Greve (FORJA), Gracianía (Libertad Avanza), Vuoto y García (PJ).
Qué dice el proyecto
El proyecto que busca reemplazar la ley que regula la salmonicultura en la Provincia, promueve el desarrollo sostenible de la acuicultura como actividad agropecuaria integral en aguas continentales y marítimas de la Provincia. Mantiene la prohibición de “toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas del Canal Beagle”. En tanto que “en los lagos y lagunas, cursos de ríos y arroyos se practicará únicamente el uso consuntivo de las aguas (la cantidad de agua que se extrae de una fuente y no se devuelve a la misma, o se devuelve en una forma o cantidad que no es utilizable) para el desarrollo de la acuicultura sustentable. Por ello, “cada proyecto productivo deberá tener en cuenta diseños de sistemas estandarizados de crianza, entre otros, el sistema de Circuito Cerrado de Recirculado de Agua (RAS), en equilibrio con los ecosistemas naturales.”
La iniciativa gubernamental propone también la creación del “Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego, para promover la investigación aplicada, la producción acuícola, poner en valor los recursos genéticos de la Provincia, y favorecer la transferencia de conocimiento y la vinculación tecnológica con instituciones afines, en pos de implementar una acuicultura sostenible en todo el territorio provincial”, como así también reglamentar “los procedimientos para la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), a los fines de delimitar zonas aptas para el desarrollo de la acuicultura, con el fin de evaluar potenciales impactos ambientales de manera integral y anticipada coordinando el manejo y desarrollo del agua, la tierra, y los recursos relacionados para maximizar el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas”.
Además, establece la obligatoriedad para los desarrolladores de proyectos acuícola “de presentar la Guía de Aviso de Proyecto (GAP) y Estudio de Impacto Ambiental (EslA), bajo los lineamientos mínimos estipulados en las leyes provinciales de medio ambiente, pesca, aguas”.
El único cambio introducido en el dictamen de comisión respecto del proyecto del ejecutivo es el que establece que “un porcentaje de la producción total de los proyectos de acuicultura a desarrollarse en la Provincia, serán reservados para el consumo local” dejando en manos de la autoridad de aplicación esa determinación, como así también la creación de “programas y estímulos con el objeto de alentar a productores locales a realizar desarrollos acuícolas en la Provincia”.
