os diputados Santiago Pauli y Ricardo Garramuño votaron en contra de la Emergencia para Personas con Discapacidad, una herramienta legislativa destinada a garantizar y fortalecer servicios de tratamiento y rehabilitación.
Su postura resulta llamativa porque ambos sostienen públicamente la defensa de las “dos vidas”, pero al mismo tiempo rechazan medidas concretas que buscan mejorar la calidad de vida de quienes ya enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad.
Para organizaciones y referentes del sector, esta decisión exhibe una contradicción política y ética: se proclama la defensa de la vida, pero se niega el apoyo a programas esenciales para las personas con discapacidad.
