l Tribunal de Cuentas de la Provincia aconsejó a las partes mantener “un diálogo institucional adecuado”, para resolver el conflicto desatado entre el Ejecutivo Municipal de Tolhuin y el Concejo Deliberante por la falta de presupuesto en el estamento legislativo.
El organismo fue consultado por el Municipio sobre la validez de la ordenanza 633 del año 2023, sobre la cual el Concejo apoyó su reclamo para solicitar una ampliación automática de partidas presupuestarias, en caso de desfasajes económicos.
En la resolución plenaria 146/2025, firmada por Hugo Pani, Vocal de Auditoria y Miguel Longhitano, presidente; se señala, en primer lugar, que la problemática planteada sobre la validez o invalidez de la norma no es materia de incumbencia de este Tribunal de Cuentas, sino resorte exclusivo y excluyente del Superior Tribunal de Justicia quien detenta la competencia originaria dispuesta por la Constitución Provincial.
En otro en otro tramo, la resolución hace hincapié que teniendo presente la naturaleza de la consulta formulada se “considera esencial hacer saber que las controversias surgidas en el ámbito de la Administración Municipal se encaucen mediante mecanismos de diálogo institucional, coordinación entre poderes, armonización normativa, legalidad y responsabilidad fiscal”.
En lo decidido por el organismo de control, se recomienda al intendente Daniel Harrington que “en caso de no contar con recursos suficientes para afrontar los incrementos de gastos del Concejo Deliberante, informe dicha situación al órgano legislativo y proponga alternativas” conforme al procedimiento que está previsto en la Ley Territorial 236.
En el artículo 5º, la resolución plenaria recomienda al Intendente y al presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Matías Rodríguez Ojeda que “la controversia vinculada a la interpretación y aplicación de las normas presupuestarias sea abordada mediante un diálogo institucional adecuado, promoviendo la transparencia, la responsabilidad fiscal y la armonización normativa en resguardo del interés público y la nueva administración”.
Cabe subrayar que el Tribunal de Cuentas, señaló a las partes tener en cuenta que “los presupuestos no deben interpretarse como compromisos automáticos de gasto, sino como límites máximos que sólo pueden ejecutarse en la medida en que se verifique la disponibilidad real de recursos”.
