l diputado nacional Santiago Pauli fue denunciado por exigir aportes económicos a su asesor legislativo, Rolando Correa. Lejos de ofrecer explicaciones, eligió el silencio y la negación. Su conducta revela algo más que un caso individual: el síntoma persistente de una clase política que ha perdido la capacidad de rendir cuentas y de sentir culpa.
Como ya nos venimos acostumbrando, en la política argentina, los escándalos ya no interrumpen la rutina: la atraviesan.
El sistema parece haber desarrollado una coraza contra la vergüenza. Lo grave no es sólo la acusación —ni siquiera la eventual veracidad de los hechos— sino la reacción de Pauli: la indiferencia, el cálculo y el silencio.
En cualquier democracia que se respete, semejante episodio obligaría a dar explicaciones, a apartarse o, al menos, a ofrecer un gesto de autocrítica. Pero en un sector político de la Argentina, la rendición de cuentas se percibe como un signo de debilidad. Pauli, que llegó a la Cámara de Diputados levantando las banderas del cambio, la transformación y la racionalidad en el uso de los fondos de toda la sociedad, no rindió explicaciones y presentó disculpa alguna: administró la crisis que lo tiene como figura principal desde el cinismo y el silencio.
Además, existe un tema sumamente sensible: el asesor legislativo transfirió los fondos del desarraigo a cuentas bancarias personales y entregó dinero en efectivo -sostuvo que se los entregó en mano al propio diputado Pauli-, y estos fondos no ingresaron a la cuenta bancaria del partido libertario.
Parece esperar, como tantos otros, que el ciclo mediático haga su trabajo y que el olvido opere antes que la Justicia.
El caso expone un patrón. Un amplio sector de la política ha dejado de funcionar como un sistema de representación y se ha transformado en una corporación que se autoprotege. Pauli no teme el repudio de sus pares porque sabe que muchos comparten su lógica: la función pública como botín, el asesor como recaudador, la ética como adorno discursivo.
Lo peor de todo, es que no hay un partido, ideología o un sector que pueda declararse ajeno a esta patología. Lo que se repite es la impunidad como cultura. Y en ese contexto, la falta de autocrítica ya no sorprende: es el modo habitual de sobrevivir de personajes como Pauli.
El diputado, al igual que tantos otros, parece convencido de que el poder político equivale a un estado de excepción ético y moral.
Lamentablemente, el concepto de “transparencia” parece haber perdido valor de uso. Se pronuncia con naturalidad, pero se practica poco a pesar de ser integrante de una Iglesia Evangélica y referente electo de la Libertad Avanza.
Más allá del caso puntual, Pauli expone las fragilidades de las instituciones en nuestro país. Paradójicamente, los mecanismos de control existen, pero rara vez se activan.
Tengamos presente que el escándalo Pauli podría haber sido una oportunidad para revisar esos procedimientos, pero fue tratado como un asunto menor, un ruido incómodo.
Por lo tanto, la transparencia en el uso de fondos públicos, cuando se convierte en slogan, sirve para tranquilizar conciencias. Es el espejo invertido donde los funcionarios se ven mejores de lo que son. Pauli, con su silencio, se ampara en esa rutina del disimulo. Su mayor protección no es su banca: es la indiferencia de un sistema que ya no se escandaliza por nada.
La gravedad del caso no reside sólo en el presunto pedido de fondos, sino en el desinterés institucional por esclarecerlo. Nadie pide una investigación seria, nadie reclama su renuncia. En el fondo, todos apuestan a que el tiempo cumpla la función que debería cumplir la ética.
En la Argentina contemporánea, la falta de consecuencias es la nueva forma de la absolución. Pauli no necesita defenderse porque sabe que la sanción social es leve, casi inexistente. Y así, la política se hunde un poco más en su propio cinismo, sostenida por un electorado cada vez más escéptico, pero no necesariamente más exigente.
El caso Pauli es un síntoma, no una excepción. Muestra cómo el poder se ha desvinculado del ejemplo y cómo la responsabilidad pública ha sido reemplazada por la estrategia de comunicación. En ese universo, la autocrítica es una rareza y el silencio, una táctica.
La política argentina atraviesa una crisis menos visible que la económica, pero más corrosiva: la pérdida del pudor. Cuando un diputado puede ser acusado de presionar a su asesor y seguir actuando como si nada, no sólo se degrada la representación. Se degrada la idea misma de moral pública.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
