a Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación de la “errónea sentencia por USD 16.100 millones dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.
Durante la audiencia, los abogados de la Argentina destacaron la responsabilidad del tribunal de “aplicar correctamente el derecho argentino”, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos.
La exposición buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.
“Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”, dijo la Procuración.
Recordaron que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
Y señalaron que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”.
“Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, señalaron.
Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.
“La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a la jueza Preska.
Los letrados de la Argentinas indicaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”. (Noticias Argentinas)
