a Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) formalizó una propuesta integral para modificar el Régimen Tarifario de los Servicios Sanitarios. La iniciativa, que será sometida a audiencia pública el próximo viernes 19 de diciembre para que pueda entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, se sustenta en la necesidad de garantizar el equilibrio financiero de organismo para poder sostener en funcionamiento el servicio de potabilización y distribución agua y de tratamiento de cloacas.
El eje técnico de la propuesta es la continuidad del esquema de actualización automática mensual, conocido como IVS DPOSS, que ajusta las tarifas de acuerdo con la variación de los principales índices económicos del país, y que en lo que va del 2025 generó un aumento tarifario del orden del 40%.
La novedad es la modificación de las ponderaciones de esa fórmula polinómica, para que refleje con mayor precisión la estructura de costos actualizada del organismo. En adelante, el índice se calculará con un 62,9 % de incidencia en salarios, 13,6 % en precios mayoristas, 22,4 % en precios al consumidor y 1,1 % en costos de infraestructura.
Otro aspecto de la propuesta es la revisión del Régimen de Exenciones y Reducciones, que busca corregir situaciones injustas detectadas en los últimos años. Se propone permitir que jubilados, pensionados o beneficiarios sociales que residan efectivamente en una vivienda dentro de una parcela con hasta dos unidades puedan acceder al beneficio, aun cuando no figuren como titulares exclusivos del inmueble. De este modo, se pretende evitar que cuestiones registrales impidan la asistencia a hogares en situación de vulnerabilidad.
La propuesta también introduce una eximición del pago por la descarga de efluentes cloacales para usuarios particulares de motorhomes y casas rodantes, siempre que utilicen los puntos habilitados por la DPOSS. La medida busca fomentar el uso responsable de las instalaciones formales y prevenir vertidos irregulares que puedan generar riesgos ambientales.
Entre las novedades técnicas y administrativas, se plantea incorporar un “cargo por incumplimiento de factibilidad”, destinado a cubrir los costos que generan las obras que no se ajustan a las autorizaciones otorgadas. Este cargo será de cinco millones de pesos para construcciones de hasta cinco unidades funcionales, y de veinte millones para desarrollos mayores. Además, se actualizan los valores y categorías de los servicios eventuales —como uso de maquinaria o intervenciones técnicas— y se amplía el glosario tarifario para precisar conceptos como unidad funcional, complementaria o invernadero. En tal sentido, propone reducir el mínimo de 50 m² anteriormente aplicado a las unidades complementarias, a 25 m², para que la facturación alcance a cocheras o bauleras que son comercializadas de forma independiente respecto de los departamentos u otras unidades principales del edificio.
La DPOSS propone además redefinir el régimen de “Agua para Construcción”, estableciendo la facturación por metro cuadrado de superficie cubierta y facultando al organismo a instalar caudalímetros para medir el consumo real durante las obras. Asimismo, se introducen mejoras en el sistema de servicio medido, con reglas claras para la estimación de consumos en casos de medidores defectuosos o ausencia de datos históricos.
Según el documento presentado, la actualización tarifaria busca equilibrar la prestación del servicio sin afectar el acceso de los sectores más vulnerables. También se pretende mantener un esquema transparente y coherente, que permita sostener la infraestructura esencial en un contexto de inflación y aumento de costos operativos.
