a bancada legislativa de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que impulsa implementar nuevamente un Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas, destinado a contribuyentes con obligaciones tributarias vencidas. La iniciativa, que lleva la firma de la legisladora Natalia Graciania, busca facilitar la regularización fiscal, promover la formalización de actividades y otorgar previsibilidad en un contexto económico marcado por la caída del consumo y la presión impositiva.
La propuesta surgió a partir de un pedido elevado por la Cámara de Comercio de Río Grande y la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA), mediante una nota presentada el 12 de noviembre de 2025. Ambas entidades manifestaron la necesidad de herramientas que permitan a los sectores comerciales e industriales recuperar la capacidad de cumplimiento y evitar la profundización de la informalidad.
El régimen alcanza a todos los tributos incluidos en el Código Fiscal Unificado, la Ley Tarifaria y normas especiales, cuyas obligaciones hayan vencido hasta el 31 de octubre de 2025. Permite regularizar deudas en discusión administrativa o judicial, siempre que el contribuyente se allane y renuncie a acciones futuras. También establece un plazo de 60 días desde la publicación de la ley para adherirse.
Entre los beneficios se prevé la remisión parcial de intereses y recargos, la condonación de multas por incumplimientos formales y la eliminación de cargos por notificaciones. , Para micro, pequeñas empresas y contribuyentes en general se fija para el pago en 1 cuota la remisión del 100% de intereses y cargos; para 2 a 12 cuotas, remisión al 80% y 0,50 % de interés sobre saldo; para 13 a 24,
60% y 1,00 %; de 25 a 48, 40% y 1,50 %, y de 49 a 84, 20% y 2,00%
En tanto, los Grandes Contribuyentes podrán regularizar deudas en 1 pago con una bonificación del 60% en cargos en interes; o en 2 a 12 cuotas con una remisión del 40% e interés sobre saldo del 1,00; de 13 a 24, 30% y 1,50%, y de 25 a 48 con el 20% y 2,00 de interés.
El proyecto establece además condiciones para la reformulación de planes vigentes, criterios de caducidad y disposiciones especiales para deudas en ejecución fiscal. En estos casos, la adhesión implicará el allanamiento a la pretensión fiscal y el pago de honorarios y costas judiciales.
La iniciativa no resulta por cierto novedosa, ya que es casi una copia de las regularizaciones de deudas aprobadas en 2021 y 2024.
