a jueza federal María Servini resolvió otorgar custodia policial a la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, en el marco de la causa por lesiones leves y abuso sexual simple que la legisladora radicó contra personal de Seguridad del Senado. Según dispuso en un oficio urgente, la Policía Federal deberá articular la medida en un plazo máximo de 24 horas.
Asimismo, la magistrada aceptó a López como querellante, tras la ratificación y ampliación de la denuncia presentada el 1° de diciembre. En esa instancia, la representante fueguina solicitó que los hechos se investiguen bajo un contexto de violencia de género, al considerar que así lo exige el carácter de la agresión y los compromisos del Estado argentino en materia internacional.
En su declaración, López describió que durante un forcejeo en la puerta de su despacho sufrió “manoseos en los glúteos, la zona pélvica delantera y entre las piernas”, además de sentir “la pierna de uno de los masculinos introducida entre las suyas”, lo que la llevó a manifestar que se sintió “ultrajada”. Frente a la gravedad del episodio, su defensa solicitó la adopción de una medida de protección personal.
A continuación, la senadora expresó su temor de concurrir al Congreso, donde —por las características edilicias— podría cruzarse con quienes identificó como sus agresores. Aseguró que dicha situación implicaría una “revictimización” y advirtió sobre el riesgo de posibles represalias, dado que los hechos “han tomado estado público”, según indicó en su presentación.
Por otra parte, López denunció un hecho nuevo ocurrido mientras se encontraba radicando la denuncia en sede policial: la irrupción de personal de Seguridad en la Oficina N.º 742, con el retiro de objetos que serían suyos y su posterior abandono en bolsas de residuos en un pasillo del segundo piso del Palacio Legislativo. A su entender, este accionar constituye una violación del artículo 68 de la Constitución Nacional y podría implicar sustracción de efectos personales o laborales.
Además, la senadora adjuntó fotografías que muestran los objetos presuntamente retirados sin inventario y solicitó que, en función de la prueba que se incorpore, se identifique a todos los autores materiales, mediatos o intelectuales que pudieran tener responsabilidad penal.
Finalmente, López pidió ser convocada a declarar para ampliar detalles y presentar filmaciones certificadas ante la Justicia. Dejó asentada su intención de comparecer personalmente y reafirmó la necesidad de una investigación “exhaustiva” que garantice sus derechos como víctima de violencia de género.
