on duros cuestionamientos al contenido de la propuesta como al trámite seguido para su evaluación, el Consejo Provincial de Medio Ambiente se pronunció en contra del proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa la derogación de la ley 1355 y la aprobación de un marco normativo integral que regula la acuicultura, ya que afirma que plantea “una modificación total de la normativa ambiental vigente”.
En el que parece haber sido uno de sus últimos actos administrativos como Secretaria de Ambiente de la Provincia y presidenta del Consejo Provincial de Medio Ambiente, Andrea Bianchi elevó a la Legislatura, este miércoles 3, el Dictamen CPMA N° 002/2025.
En el documento, el Consejo señala que, ese corrimiento institucional representa un riesgo de fragmentación en la gestión, ya que el ambiente debe entenderse como un sistema integral, complejo y único. Bajo ese enfoque, sostiene que la gestión ambiental no admite abordajes sectoriales que debiliten controles o desdibujen responsabilidades. En esa línea, el dictamen apela a principios del derecho ambiental con jerarquía constitucional y legal, como no regresividad, precaución y prevención, y cita marcos normativos provinciales y nacionales, entre ellos la Constitución fueguina y la Ley General del Ambiente 25.675, como sustento de la obligación de mantener y fortalecer niveles de tutela ya alcanzados.
En el considerando del dictamen se pone el foco en dos aspectos centrales de la Ley 1355: su contenido y su origen. Por un lado, recuerda que la norma busca asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos, alineada con los principios rectores de la Ley Provincial 55 (Medio Ambiente), 244 (Pesca) y 1126 (Recursos Hídricos). Por otro lado, subraya que la ley fue resultado de un proceso participativo iniciado en 2018, con intervención de organizaciones de la sociedad civil, instituciones científico-tecnológicas y académicas, además de áreas técnicas del Poder Ejecutivo, en el marco del tratamiento en comisión de la Legislatura. Ese trayecto, sostiene, consolidó un consenso mayoritario de la comunidad fueguina que quedó plasmado en la sanción de 2021, a la vez que cuestiona que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, la ley aún no fue reglamentada para su plena implementación.
Indica que la norma en cuestión contempló modalidades de producción artesanal controlada de especies como la trucha arco iris, la trucha marrón y la trucha de arroyo, con un tope de 50 toneladas anuales, y que la prohibición se orienta específicamente a la acuicultura en ecosistemas lacustres y marinos, quedando la producción en tierra sujeta a las reglas del uso consuntivo del agua establecidas en la ley 1126.
En cuanto al proyecto gubernamental, indica que del análisis preliminar del mismo surge que su aprobación podría implicar una modificación sustancial de la normativa vigente ya que otorgar a la Secretaría de Pesca atribuciones que hoy se encuadran en la legislación ambiental provincial bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente, y que esa fragmentación “implica un cambio regresivo, en tanto el ambiente debe ser entendido como un sistema complejo y único en el cual su gestión y abordaje no puede ser fragmentada”, que además colisionaría con “los principios rectores de la ley General del Ambiente N°25.675 en relación al desarrollo sostenible de las actividades productivas”.
El pronunciamiento se completa con un reclamo sobre los procedimientos de discusión pública. El Consejo invoca el Acuerdo de Escazú, adoptado por Argentina mediante la Ley Nacional 27.566, para remarcar la obligación de garantizar participación abierta e inclusiva en decisiones ambientales. Según se plantea en el dictamen, el tratamiento en comisión del proyecto no habría asegurado un proceso transparente de debate público, a la altura de una reforma con impacto ambiental.
El documento lleva la firma de la representante de la Legislatura, de la ONG Manekenk, del CADIC y de la UNTDF.
El proyecto no implica un retroceso ambiental
Además del dictamen, el Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) remitió a la Legislatura la postura de la ministra de Producción y Ambiente. En el escrito, la funcionaria afirmó que el proyecto del Poder Ejecutivo “no implica un retroceso ambiental”, sino que propone un marco “más moderno, integral y regulado” para ordenar la acuicultura provincial con base científica, tecnológica y de sustentabilidad, incorporando instrumentos que la normativa vigente no contemplaba.
Entre los objetivos señalados figuran el desarrollo sostenible; la innovación tecnológica con sistemas de recirculación (RAS) para mejorar la eficiencia hídrica; la diversificación productiva con especies nativas o naturalizadas; la soberanía alimentaria; la generación de empleo y valor agregado local; la seguridad jurídica e institucional en la distribución de competencias; el fortalecimiento científico-tecnológico a través del Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola; y una fiscalización efectiva con recursos para el control ambiental.
La ministra remarcó que, al igual que la Ley 1355, “se conserva expresamente la prohibición del cultivo de salmónidos en el Beagle”, y sostuvo que se refuerza la protección ambiental mediante la Evaluación Ambiental Estratégica para definir zonas aptas, además de exigir Estudio de Impacto Ambiental y Guía de Aviso de Proyecto para cada emprendimiento.
La ministra plantea que el debate sobre la acuicultura no debería reducirse a un “sí” o un “no”, sino centrarse en cómo construir alternativas productivas reales para una provincia que necesita crear empleo, sostener a su juventud, avanzar en soberanía alimentaria y consolidar cadenas de valor en el territorio. Y concluye que Tierra del Fuego requiere políticas públicas que defiendan sus ecosistemas, pero que también pongan en el centro a su gente, afirmando que la propuesta busca ese equilibrio: “no hay producción sin ambiente, ni ambiente protegido sin desarrollo ordenado”.
