tendiendo el momento que como sociedad nos toca, entendiendo absolutamente legítimos los distintos posicionamientos sobre la disputa ambiental que atraviesa a la salmonicultura, y que en estos últimos años tantas veces ocupó el centro del debate público, pareciera más abarcativo plantear que el fondo de la cuestión es mucho más que una controversia sobre una industria específica. Es, en realidad, el síntoma de un dilema global que se vuelve urgente: la forma en que las sociedades producen, consumen y se desplazan está excediendo la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Ninguna actividad humana masiva es inocua y, sin embargo, el juicio social sobre sus impactos suele ser selectivo, inconsistente o directamente contradictorio.
En el caso de la salmonicultura los datos son elocuentes. En 2024 en Chile se utilizaron más de 350 toneladas de antibióticos, una cifra que supera ampliamente los estándares internacionales y que contrasta con países como Noruega, donde el uso es prácticamente nulo gracias a regulaciones estrictas y manejo sanitario avanzado. Estudios recientes indican que entre el 70 y el 80 por ciento de estos antibióticos llega directamente al ambiente marino, alterando microorganismos, cadenas tróficas y la salud de ecosistemas que ya enfrentan presiones climáticas crecientes. La industria, además, arrastra un historial de accidentes laborales que expone deficiencias estructurales: en poco más de una década, se registraron 83 muertes en centros de cultivo, frente a solo tres en Noruega durante más de treinta años.
Sin embargo, concentrar toda la responsabilidad en un solo sector industrial oculta una verdad más profunda: el turismo, especialmente aquel que se presenta como la alternativa “limpia” o “sostenible”, también está ejerciendo presiones significativas en territorios frágiles. El caso de la Antártida resulta paradigmático. La última temporada turística recibió más de 122.000 visitantes, la cifra más alta registrada. Cada uno de ellos genera, según estudios académicos, una huella de alrededor de 6,4 toneladas de CO₂ equivalente, un impacto comparable al promedio anual de un ciudadano europeo. Los cruceros que navegan hacia el continente blanco emiten hollín y partículas metálicas que, al depositarse sobre la nieve, aceleran su derretimiento. A esto se suman riesgos de perturbación de fauna, estrés de especies sensibles y la posibilidad —siempre latente— de introducir organismos exóticos en un ambiente que carece de defensas ecológicas.
Lo mismo ocurre en parques nacionales y áreas naturales de alta concurrencia. Destinos icónicos como Torres del Paine, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Tierra del Fuego o los Alpes europeos enfrentan fenómenos de saturación turística que alteran suelos, erosionan senderos, desplazan fauna y obligan a construir infraestructura que, paradójicamente, degrada el atractivo natural que se busca preservar. El turismo masivo, aun cuando se disfrace de aventura o de conexión espiritual con la naturaleza, también transforma los territorios. La diferencia es que sus impactos -distribuidos, difusos, socialmente aceptados- no generan la misma indignación que una balsa-jaula visible en un fiordo austral.
Este doble estándar invita a una reflexión honesta. Cuando la sociedad demoniza determinadas actividades y celebra otras, no siempre está guiada por criterios objetivos de sostenibilidad, sino por percepciones culturales, intereses económicos y relatos simbólicos. La salmonicultura se asocia a grandes empresas y a prácticas industriales intensivas; el turismo, en cambio, se relaciona con experiencias personales, con pequeñas economías locales y con el imaginario del “viajar para sentirse libre”. Pero la naturaleza no distingue entre relatos. La erosión de un sendero por miles de caminantes, las emisiones de un crucero o la urbanización acelerada de un destino turístico pueden ser tan degradantes como la instalación de un centro de engorda de salmón, aunque uno reciba aplausos y el otro condenas.
El verdadero debate que debemos enfrentar no es si la salmonicultura debe continuar o si el turismo debe expandirse, sino bajo qué condiciones, con qué límites y en qué territorios estas actividades pueden seguir existiendo sin comprometer los sistemas naturales de los que depende toda vida. En el mar, eso implica excluir áreas protegidas, fijar techos de biomasa, migrar hacia sistemas cerrados que reduzcan descargas y escapes, exigir estándares laborales estrictos y transparentar la información ambiental. En tierra y en hielo, significa implementar cupos diarios, regular el ingreso de cruceros, gestionar senderos de manera sostenible, controlar el desarrollo inmobiliario asociado al turismo y reconocer que no todo destino puede crecer indefinidamente.
La sociedad global enfrenta un momento definitorio: la noción de desarrollo como expansión ilimitada está chocando de frente con la realidad física de un planeta finito. Pretender resolver esta tensión eligiendo actividades “buenas” contra actividades “malas” es una simplificación que no resiste los datos. La única salida posible es entender que toda actividad humana impacta, pero que el desafío consiste en regular esos impactos, distribuirlos de manera justa y evitar que superen la capacidad de carga de los ecosistemas.
El mundo en general y Tierra del Fuego en particular ya no toleran miradas parciales. Si de verdad aspiramos a que las futuras generaciones reciban un medioambiente funcional, debemos abandonar la comodidad de la crítica selectiva y abrazar la responsabilidad de establecer reglas claras para todos los sectores. No se trata de dejar de producir ni de dejar de viajar, sino de hacerlo dentro de los límites que la naturaleza, silenciosamente pero sin pausa, nos recuerda día a día.
