a compañía Rockhopper Exploration plc junto a la firma israelí Navitas Petroleum anunciaron que han alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID) para avanzar en el desarrollo del campo petrolero en León Marino (Sea Lion) ubicado en la Cuenca Norte frente a las Islas Malvinas, proyectando que la producción de crudo comience en 2028. La decisión, difundida en la Bolsa de Londres, asegura que se han reunido los fondos necesarios y obtenido las autorizaciones formales para proceder con la explotación offshore.
El proyecto requerirá una inversión total aproximada de 2.100 millones de dólares para alcanzar el Primer Petróleo, también denominado First Oil. Este desarrollo prevé el uso de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) para extraer hidrocarburos de la cuenca durante, al menos, 35 años.
Rockhopper y Navitas estiman que el yacimiento contiene reservas significativas, con más de 900 millones de barriles de petróleo, y planean fases de explotación que podrían producir cientos de miles de barriles por día en su etapa inicial. La firma británica ha destacado que el avance del proyecto es el resultado de más de dos décadas de trabajo para consolidar el desarrollo del campo descubierto en 2010.
La iniciativa generó rechazo oficial en la Argentina, donde el gobierno y sectores legislativos sostienen que cualquier actividad de exploración o explotación petrolera en la zona se realiza de forma unilateral e ilegítima, al no contar con consentimiento del Estado argentino por tratarse de un territorio en disputa de soberanía. En pronunciamientos anteriores, la Cancillería argentina expresó su “más enérgico rechazo” a operaciones petroleras en el área y recordó que resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas instan a evitar actos unilaterales mientras persista la disputa.
El anuncio del avance petrolero de Rockhopper constituye una grave advertencia sobre la vulneración de la soberanía argentina, facilitada por la dejadez sostenida de distintos gobiernos en la aplicación de una política exterior activa para defender los recursos nacionales, pese a que existen antecedentes que demostraron la capacidad del Estado para frenar estas iniciativas y generar costos legales y políticos a las empresas involucradas.
En este contexto, la firma de contratos clave y la previsión de iniciar perforaciones en 2028 deberían obligar al gobierno nacional a retomar con urgencia la vía judicial y diplomática, no solo por el saqueo económico que implicaría, sino también por el alto riesgo ambiental en una zona de enorme valor ecosistémico, reafirmando ante la comunidad internacional que los actos unilaterales de la colonia británica en la Plataforma Continental Argentina son ilegales, nulos y sin validez jurídica.
