l licenciado Eduardo Malvé, especialista en gestión funeraria y vocero de la Cámara de Sepelios de Buenos Aires, advirtió sobre las implicancias legales, sociales y económicas del proyecto de ordenanza que busca establecer un seguro de sepelio obligatorio en Ushuaia. La iniciativa, presentada ante el Concejo Deliberante, propone que todos los contribuyentes financien un programa de cobertura básica para servicios funerarios.
“La ordenanza es prácticamente un calco de la ley provincial de 2021, que está vigente pero no reglamentada. Replicar ese contenido a nivel municipal es inconstitucional”, afirmó. Según explicó, la iniciativa local impone obligaciones similares, crea servicios compulsivos y restringe la libertad de contratación, lo que representaría un avance indebido del Estado sobre decisiones individuales.
Malvé expresó su preocupación por la falta de participación del sector en el diseño del proyecto. “Con una de las casas funerarias de Ushuaia no hablaron, y con la otra lo desconozco. A nivel nacional, no hubo ningún tipo de consulta con cámaras ni federaciones”, señaló. También remarcó que no existe en el país un modelo similar: “Podemos afirmar con contundencia que no hay en Argentina un sistema municipal o provincial que imponga un servicio de sepelio universal, obligatorio y financiado con una tasa compulsiva”.
Para el especialista, la ordenanza “impone primero el cobro obligatorio y después habilita al contribuyente a gestionar su salida del sistema”. Consideró que este mecanismo afecta directamente a personas que podrían desconocer la normativa o no tener los recursos administrativos para realizar ese trámite: “Es compulsivo, no responde a principios constitucionales y atenta contra el bolsillo de la gente”.
Cuestionó además la falta de transparencia en la selección de la aseguradora que recibiría los fondos públicos. “No se indica quién manejará ese dinero, ni cómo será seleccionada la compañía. Otra vez es el Estado recaudando de los contribuyentes para entregárselo a un privado”, sostuvo, y advirtió sobre posibles direccionamientos: “Ya conocemos cómo se han manejado los seguros a nivel nacional y provincial”.
Malvé también destacó que el servicio funerario es de interés público, pero no un servicio público. “Es un servicio de carácter privado. El individuo decide cómo quiere despedirse: si quiere ser depositado, cremado, llevado a un parque o a la montaña. Son disposiciones absolutamente privadas”, explicó.
Estimó que en Ushuaia se registran entre 200 y 250 servicios fúnebres anuales, pero aclaró que la mayoría de las personas sigue optando por alternativas privadas o personalizadas. “La población cambió sus costumbres. Cada vez se busca un servicio más a medida, no ese esquema mínimo que propone la ordenanza”, indicó. Además, planteó que no hay datos sobre cuánto se pretende cobrar ni cómo se actualizarán los montos: “¿Cuánto van a descontar por cada frentista? ¿En relación a qué? Es grave, es muy grave”.
A nivel nacional hay municipios que otorgan seguros solo para personas en situación de vulnerabilidad, pero sin imponer tasas generales. “Una buena administración del erario público es cubrir con fondos estatales a los más necesitados, no cobrarle compulsivamente a toda la población”, afirmó.
Finalmente, Malvé consideró que el tejido comunitario responde de forma solidaria ante una muerte. “A menor cantidad de recursos, mayor esfuerzo hace la familia, los vecinos o compañeros de trabajo para concretar el servicio. No estamos ante una situación crítica que justifique una medida de este tipo”, concluyó.
