on la sanción de la reforma a la ley financiamiento de instituciones asistenciales
de salud se fijaron en la provincia plazos definidos para el pago de las prestaciones, a la vez que se simplifican los procesos administrativos para la regularización de deudas.
La ley original, sancionada en 2014, respondió a un contexto sanitario diferente al actual. Con el paso del tiempo, su aplicación evidenció limitaciones que derivaron en pagos demorados, deudas acumuladas durante años, falta de actualización de montos y ausencia de reconocimiento de intereses, además de procedimientos administrativos complejos que dificultaban el recupero efectivo de los costos.
Uno de los cambios centrales es que toda prestación brindada a un afiliado de una obra social o prepaga será facturada, exista o no un convenio previo con la entidad correspondiente. De este modo, la provincia busca contar con herramientas más eficaces para garantizar el cobro de los servicios prestados por el sistema público.
Con esta actualización, el Gobierno provincial apunta a fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de salud, asegurando su funcionamiento y evitando que recursos destinados a la atención pública se vean comprometidos por deudas de terceros financiadores
