a ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, sostuvo que la ratificación del convenio entre YPF y Terra Ignis representa una condición indispensable para garantizar la estabilidad de la industria petrolera y proteger alrededor de 500 puestos de trabajo. “YPF decidió irse de todas las provincias menos de Neuquén. Cada provincia fue dialogando y llegando a un acuerdo. Los últimos en llegar fuimos Tierra del Fuego y eso nos permitió ver cómo funcionó en otros lugares, ajustar diferencias y plantear condiciones a favor de la provincia”, remarcó.
Castillo explicó que la negociación se realizó con participación de legisladores y representantes del Ejecutivo, quienes integran el directorio y la sindicatura de Terra Ignis. Señaló que el acuerdo prevé que YPF remita un bono ambiental para afrontar la remediación de pasivos ambientales históricos. “En esta transferencia de YPF a Terra Ignis hubo acuerdo respecto a los pasivos ambientales de 45 años de explotación, que comprenden remediaciones muy costosas como la monoboya, la playa de tanques de Cruz del Sur y los pozos que hay que abandonar”, detalló.
La funcionaria indicó que se identificaron 107 pozos a abandonar, y que la provincia exigió a YPF hacerse cargo de su remediación. “Para eso, YPF ya contrató una empresa para trabajar durante dos años en esas tareas, y esa es una gran diferencia con lo ocurrido en otras provincias”, subrayó. Agregó que en Mendoza, por ejemplo, la provincia licitó áreas sin exigir previamente el abandono de pozos, lo que generó dificultades para concretar nuevas ofertas y mantener la actividad.
Respecto de los pasivos de menor costo, explicó que Terra Ignis los afrontará con un bono de 28 millones de dólares provisto por YPF, destinado exclusivamente a tareas ambientales: “No es de libre disponibilidad, es un bono para el trabajo ambiental de remediación que debemos hacer en un plan de trabajo para adelante”.
En cuanto a la continuidad laboral, Castillo aseguró que se estableció el compromiso para que Terra Ignis respete los contratos en curso por un año. “Todos los trabajadores directos de YPF serán indemnizados por la empresa y tomados por Terra Ignis por un año. Se negoció con YPF cuáles son los contratos que se necesitan continuar y en una duración de un año, y eso lo va a respetar Terra Ignis”, afirmó. También mencionó que las contratistas involucradas ya acordaron con trabajadores los términos de la salida o continuidad, priorizando la indemnización y la reinserción en el esquema productivo provincial.
La ministra sostuvo que la clave para la continuidad de la producción en un yacimiento maduro es la inversión y la asociación con nuevos socios privados: “Para eso hay que buscar socios que tengan plata, no socios que solo estén interesados. Las nuevas sociedades deberán presentar un plan de negocios a diez años para obtener la extensión de la concesión”.
Castillo consideró que la no aprobación del convenio generaría un vacío y un nivel de incertidumbre descomunal, con riesgo de caída de regalías y pérdida de recursos para la provincia. “Ayer no quedaron preguntas sin responder y la comisión duró tres horas, con autoridades de YPF y Terra Ignis, y consultores aclarando todas las dudas”, aseguró. Resaltó que más allá de la nostalgia por la historia de YPF en Tierra del Fuego, la empresa tomó la decisión de retirarse y corresponde gestionar una transición ordenada para resguardar los intereses provinciales.
En relación a los beneficios para la provincia, indicó que la operación involucra 107 millones de dólares en total, con una parte en efectivo destinada a remediación, otra en petróleo tanqueado y otra en bienes materiales para sostener la operación. “Hay una parte que viene en billete para remediar, que son estos 28 millones de dólares, una parte en petróleo tanqueado y una parte que es bienes materiales, como camionetas, caños, instalaciones y consumibles. Son más de 70 millones de dólares en bienes de capital que se transfieren a Terra Ignis y que le permiten seguir operando”.
Por último, Castillo subrayó el impacto que una decisión negativa tendría para Río Grande y la economía local, al igual que ocurre en otras ramas industriales afectadas por la baja de aranceles o el cierre de fábricas textiles. “No podemos perder un puesto de trabajo más. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para sostener cada uno de los puestos de trabajo”, concluyó.
