n conjunto de embarcaciones pesqueras extranjeras captura anualmente alrededor de 250.000 toneladas de especies marinas —principalmente calamar— en áreas marítimas próximas a las aguas bajo jurisdicción argentina, según cálculos de especialistas en pesca del Atlántico Sur. Estas operaciones se concentran en la denominada “milla 201”, una franja marina ubicada más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, donde las normas nacionales sobre la explotación de recursos no se aplican con la misma fuerza que dentro de las 200 millas náuticas.
La presencia de más de 300 buques extranjeros en ese sector marítimo fue confirmada por analistas del sector, muchos de ellos operando con licencias británicas emitidas desde Islas Malvinas. La actividad pesquera de estas flotas en aguas internacionales convierte a esa zona en un punto crítico para las capturas de calamar y otras especies migratorias que se originan dentro del mar argentino.
Especialistas como César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, señalan que esa captura anual estimada de 250.000 toneladas genera un perjuicio económico que puede alcanzar entre 600 y 1.000 millones de dólares, equivalente a entre el 30% y el 50% de lo que Argentina exportó por el rubro pesquero en 2024.
El problema radica en que, una vez que estas especies emergen de las aguas protegidas por la ZEE argentina y migran hacia la milla 201, quedan fuera del marco de control nacional exclusivo, lo que facilita que flotas extranjeras las capturen sin que el país reciba beneficios por esas extracciones.
La “milla 201” se ubica justo fuera del límite de 200 millas náuticas que define la ZEE, donde Argentina tiene derechos exclusivos para explorar y explotar recursos naturales. Más allá de ese límite, la zona pasa a ser considerada “alta mar”, un espacio sin jurisdicción exclusiva de ningún Estado aunque sujeto a acuerdos de cooperación internacional.
La flota extranjera que opera en esa franja marítima no solo captura cantidades significativas de calamar, sino que también enfrenta mecanismos sancionatorios cuando las embarcaciones son detectadas por autoridades, que pueden implicar multas calculadas en Unidades Pesca equivalentes al valor de un litro de gasoil y que pueden llegar a millones de dólares.
El fenómeno plantea un desafío para la gestión sostenible de los recursos marinos argentinos, que requieren una articulación entre vigilancia, cooperación internacional y normativas que permitan preservar la biodiversidad y la productividad económica de las aguas del Atlántico Sur.
