a eliminación de los aranceles a la importación de celulares promete un alivio mínimo en los precios, pero abre un escenario de fuerte deterioro social, laboral, productivo y fiscal en Río Grande. Mientras el beneficio se diluye, el impacto negativo se concentra y amenaza el corazón de la economía fueguina.
En primer lugar, la baja progresiva de los aranceles a la importación de celulares fue presentada como una política destinada a beneficiar al consumidor. No obstante, cuando se analiza con mayor profundidad, surge una conclusión incómoda: el impacto positivo en los precios finales será, en el mejor de los casos, limitado y transitorio.
Esto se explica porque el valor de un celular no depende exclusivamente del arancel. Por el contrario, está compuesto por una estructura de costos compleja, en la que inciden impuestos nacionales, provinciales y municipales, logística, financiamiento y márgenes comerciales. En consecuencia, aun con arancel cero, la reducción efectiva en góndola resulta marginal y fácilmente absorbible por otros factores.
Sin embargo, mientras el supuesto beneficio se diluye, los efectos negativos se vuelven inmediatos y contundentes. La eliminación de esta barrera aduanera impacta de lleno en la industria electrónica fueguina, principal sostén económico de Río Grande. Menos protección implica mayor competencia directa con productos importados, lo que deriva, casi sin escalas, en menor producción local.
A partir de allí, el efecto dominó es inevitable. Menos producción significa menos turnos de trabajo, mayor precarización laboral y un riesgo concreto de pérdida de puestos de empleo. En una ciudad donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la industria electrónica, esta situación no es una hipótesis teórica, sino una amenaza real y palpable.
Pero el daño no se agota en el empleo industrial. A medida que los ingresos caen, el consumo interno se retrae, afectando al comercio, los servicios y a toda la economía local. Así, una decisión tomada a nivel nacional termina generando un enfriamiento generalizado de la actividad en Río Grande, con impacto social creciente.
A este escenario se suma, además, un perjuicio fiscal que suele quedar fuera del debate público. Producir menos en Tierra del Fuego implica una reducción directa de los ingresos del Estado provincial y municipal. La caída de la actividad industrial se traduce en menos recaudación por tasas de verificación, menor percepción de tributos locales y un debilitamiento de los recursos con los que se financian políticas públicas esenciales.
Por esto mismo, la paradoja es evidente: al mismo tiempo que se promueve una apertura que pone en riesgo empleo y producción, se debilita la capacidad del Estado para contener los efectos sociales de esa misma decisión. Menos industria implica menos recursos, y menos recursos significan menos herramientas para atender las demandas de una comunidad golpeada.
Finalmente, resulta llamativo que esta medida se presente como una modernización inevitable cuando, en el plano internacional, los países que sostienen industrias tecnológicas activas no renuncian a sus instrumentos de protección. Por el contrario, combinan apertura selectiva con políticas industriales, incentivos y regulaciones que preservan el empleo y el valor agregado local.
A modo de reflexión última, la eliminación de los aranceles a los celulares -decisión fiscal que se veía venir desde ya hace años atrás- no puede analizarse únicamente desde el precio final de un producto. Porque detrás de un descuento ínfimo se esconde un costo enorme: menos trabajo fueguino, menos producción nacional y un impacto social que ningún precio rebajado puede compensar.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
