l reciente desplazamiento de autoridades provinciales en el Puerto de Ushuaia provocó una fuerte reacción del gobierno fueguino, que cuestionó tanto la legalidad del procedimiento como la forma en que fue ejecutado. El presidente de la Dirección Provincial del Puerto, Roberto Murcia, denunció que la medida fue notificada de manera informal y aplicada antes de que venciera el plazo establecido para presentar el descargo correspondiente.
“Nos enteramos a las doce de la noche por WhatsApp”, relató. “El instrumento legal nos lo mandaron así, informalmente, y recién después llegaron las comunicaciones oficiales. La intervención ya estaba adentro con Prefectura cuando nosotros tomamos conocimiento.” Según detalló, ni él ni el vicepresidente fueron autorizados a ingresar al edificio, lo que calificó como un atropello institucional.
La resolución de Nación reconoce a 20 empleados como parte del personal federal, únicos habilitados a seguir trabajando. En cambio, el resto del plantel, dependiente del ámbito provincial, fue excluido. “A los trabajadores provinciales se les prohibió el ingreso. Solo operan los que figuran en la resolución nacional”, explicó.
Pese a la tensión, las operaciones privadas dentro del puerto continuaron, ya que el modelo de gestión combina infraestructura pública con operadores logísticos y turísticos privados. No obstante, Murcia remarcó que la situación institucional es grave: “El administrador del puerto no puede entrar. La vicegobernadora tampoco. Estamos frente a una violación de la autonomía provincial”.
Durante la madrugada, la vicegobernadora Mónica Urquiza acompañó a los funcionarios desplazados y permaneció hasta pasadas las cinco de la mañana. Luego se realizaron reuniones con equipos legales y técnicos para definir los pasos a seguir. Según explicó Murcia, el estudio jurídico contratado por la provincia —IMAX— estaba elaborando la respuesta legal, cuyo plazo vencía el viernes. “Ni siquiera esperaron que se cumpliera. Intervinieron igual”, lamentó.
El Ejecutivo evalúa acciones judiciales. Desde la Secretaría de Coordinación Legal y Técnica se analiza una presentación ante la Justicia Federal, para impugnar la medida por inconstitucionalidad y por afectar la jurisdicción provincial. Funcionarios anticiparon que se avanzará por esa vía si no se revierte la decisión.
Murcia planteó que este tipo de medidas sienta un precedente peligroso para la relación Nación-provincias. “Si esto queda así, cualquier infraestructura provincial puede ser intervenida por una simple resolución”, advirtió. Convocó a sostener una postura firme en defensa del federalismo: “No es solo una cuestión del puerto, es de respeto institucional”.
Más allá del conflicto legal, afirmó que la operatividad del puerto está garantizada gracias al personal y prestadores privados. Sin embargo, advirtió que si la intervención persiste sin diálogo ni coordinación, podrían surgir dificultades a mediano plazo en logística, comercio y turismo.
“La medida fue intempestiva, sin esperar respuestas formales, sin permitir el ingreso de autoridades locales y sin respetar la organización que desarrollamos en años. Esto no es una intervención administrativa, es una intervención política encubierta”, concluyó
