a decisión del Gobierno Nacional de intervenir parcialmente el Puerto de Ushuaia continúa generando una fuerte reacción política en Tierra del Fuego. En ese sentido, referentes de distintos espacios y niveles institucionales coincidieron en señalar que el puerto es un patrimonio estratégico de la provincia y que la medida representa una intromisión directa sobre bienes, competencias e ingresos que pertenecen al ámbito fueguino.
En primer lugar, desde el Gobierno Provincial, el gobernador Gustavo Melella recibió el respaldo explícito de diputados, senadores y legisladores, quienes se comprometieron a acompañar todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para revertir la intervención. La medida fue calificada como un desprecio al federalismo y una avanzada injustificada sobre un puerto que opera con normalidad, atraviesa una temporada récord y cumple con los más altos estándares internacionales.
Asimismo, el rechazo se fue ampliando con pronunciamientos concretos desde distintos bloques.
Más allá del gobierno central, también se pronunció de manera contraria la vicegobernadora, Mónica Urquiza; la senadora nacional Cristina López y el diputado Agustín Tita, como también han expresado su frontal oposición el legislador Federico Greve, la legisladora Myriam Martínez, la concejala Lucía Rossi; los concejales Jonatan Bogado y Federico Runin.
Particularmente, la senadora nacional Cristina López, firme opositora al gobierno del presidente Javier Milei, publicó en sus redes sociales: ¨ Repudiamos la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional. Es un nuevo atropello a la autonomía de Tierra del Fuego. El Puerto de Ushuaia no es un botín para administrar desde Buenos Aires. El Puerto es trabajo, producción, turismo y proyección antártica para Tierra del Fuego. Defender el Puerto de Ushuaia es defender el trabajo fueguino, la soberanía y el derecho de nuestra provincia a decidir sobre su propio futuro¨, sostuvo la senadora nacional justicialista.
Desde otros espacios políticos también se refirieron críticamente a la intervención federal. La legisladora del Partido Verde, Laura Colazo, cuestionó con dureza la decisión nacional al definirla como “inconsulta y centralista”, y advirtió que afecta competencias e ingresos que corresponden a la Provincia de Tierra del Fuego. En esa línea, remarcó que el Puerto de Ushuaia es una infraestructura estratégica para el Atlántico Sur y el acceso a la Antártida, por lo que centralizar su gestión debilita la autonomía provincial y la capacidad de decisión desde el territorio. Desde el Partido Verde, reclamó además la apertura urgente de un diálogo institucional que permita construir una solución consensuada y respetuosa de los derechos provinciales.
Por su parte, el legislador de Somos Fueguinos, Raúl Von Der Thusen, expresó su preocupación por la intervención y reclamó que el Gobierno Nacional informe con claridad el alcance de las medidas y su impacto en aspectos sensibles como la seguridad y el empleo. En ese marco, se puso a disposición para colaborar en el resguardo de este activo estratégico de Tierra del Fuego AIAS.
A su vez, el legislador del bloque Provincia Grande, Matías Lapadula, calificó la intervención como “de extrema gravedad” y sostuvo que se trata de una intromisión indebida sobre bienes, competencias e ingresos provinciales. Según expresó, la decisión no resulta sorpresiva y se inscribe en un modelo de gobierno nacional que “desprecia el federalismo, desconoce a las provincias y avanza sin límites sobre sus recursos estratégicos”. Lapadula fue enfático al señalar que el Puerto de Ushuaia no pertenece al Gobierno Nacional, sino que es patrimonio de todos los fueguinos y fueguinas, y exigió al Gobierno Provincial que actúe de manera inmediata con herramientas políticas, administrativas y judiciales para revertir la medida. En un tono crítico, también cuestionó al gobierno al considerar que sus declaraciones “llegan tarde y llenas de contradicciones”, tras meses de negar la posibilidad de una intervención.
En paralelo, el intendente de Río Grande, Martín Perez, reforzó el rechazo replicando las declaraciones de su secretario de Gestión Comunitaria, Gonzalo Ferro, quien advirtió que en el lapso de una semana el Gobierno Nacional avanzó contra Tierra del Fuego en varios frentes. Entre ellos, mencionó la quita de aranceles a cero, con el consiguiente riesgo para la industria fueguina y miles de puestos de trabajo; la desobligación de las empresas radicadas en la provincia a aportar al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina; y la intervención del Puerto de Ushuaia sin justificativos claros y en detrimento de la autonomía provincial. En ese contexto, sostuvo que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “no es parte del proyecto de país que pretende imponer Milei”.
