a intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno Nacional fue denunciada como un acto abrupto e inconsulto que dejó fuera del predio a trabajadores provinciales y desató un conflicto de alta tensión política, sindical e institucional. La reacción de ATE no se hizo esperar, y desde el gremio se organizó una vigilia en las puertas del puerto en defensa de los puestos de trabajo y la soberanía sobre la terminal más austral del país.
El secretario general de ATE en Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, relató que el ingreso de Prefectura junto a representantes del sindicato ferroviario se produjo durante la madrugada. “Fue como volver a los años 70. Cerraron el puerto y desplazaron a compañeros que estaban de guardia, sin previo aviso ni orden judicial. Acá el que manda soy yo, dijeron”, relató. Según explicó, el acceso quedó restringido a un grupo reducido de trabajadores incluidos en un listado, mientras que el resto —pertenecientes a planta permanente— fue expulsado de sus puestos.
Córdoba indicó que se elaboró una nómina autorizada por Nación, que estaría vinculada al nuevo gremio, recientemente creado y sin representación real en el puerto. “No nos permiten ingresar ni siquiera a hacer tareas básicas. Sacaron a compañeros de mantenimiento y seguridad, y ahora el resguardo del puerto está en manos de una empresa privada”, advirtió.
El dirigente expresó su preocupación por las implicancias de la medida. “Esto no es solo un problema gremial. Es un conflicto político, pero los trabajadores no tienen por qué ser rehenes de disputas partidarias. Nosotros venimos a cumplir nuestras tareas, a ganarnos el pan. Esto es una provocación”, sostuvo.
Córdoba confirmó que se designó a Juan Avellaneda, miembro del gremio ferroviario, como interventor nacional del puerto, lo que calificó como un hecho insólito. “Ponen a alguien sin historia ni trayectoria, solo porque responde a intereses del Gobierno Nacional. No hay resolución que lo justifique, no hay transparencia”, criticó.
El trasfondo, según explicó, es un intento de avanzar hacia la privatización del puerto y la cesión del polo logístico antártico. “Este es el único puerto con bandera argentina que queda. El resto tiene control extranjero. No tenemos dudas de que quieren entregarlo a empresas privadas”, alertó. También vinculó esta maniobra con otras decisiones del Gobierno Nacional que afectan al empleo público y los recursos del Estado: “Ya lo hicieron con la salud, con la educación, con los más vulnerables. El mensaje es claro: eliminar todo lo que molesta”.
El gremio, en coordinación con autoridades provinciales, evalúa acciones legales para frenar la medida. “La vicegobernadora y el presidente del Puerto nos pidieron paciencia. Los abogados están preparando la presentación judicial. Pero mientras tanto, los compañeros seguirán apostados frente al puerto, en forma pacífica, marcando presencia”, informó.
Córdoba también cuestionó el silencio político de referentes locales. “Nadie se pronunció. Nadie se acercó al puerto. Es fácil escribir comunicados desde casa. Los que dicen representar al pueblo tienen que estar acá con los trabajadores”, señaló. Pidió explícitamente que concejales, legisladores e intendentes se hagan presentes en el lugar y acompañen el reclamo. “Si no se planta la provincia, esto avanza. Después no sirve llorar sobre la leche derramada”, advirtió.
Fue contundente respecto a lo que está en juego: “No se trata solo de defender puestos de trabajo. Se trata de defender la soberanía, la justicia y el derecho a trabajar sin ser pisoteados por decisiones unilaterales. No vamos a bajar los brazos”.
