urante el fin de semana publicaciones realizadas por Aylen Mauricio y Bárbara Rearte generaron una fuerte repercusión en redes sociales y reavivaron el debate sobre el rol del Estado en el control de la actividad turística en Tierra del Fuego. Si bien ambas intervenciones apuntan a situaciones de conflicto protagonizadas por un sector del turismo israelí, el eje de la discusión se desplazó rápidamente hacia las críticas al Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).
Por un lado, Aylen Mauricio describió conductas que, según su testimonio, se repiten tanto en Tierra del Fuego como en otros puntos de la Patagonia. En sus publicaciones, señaló la presencia de grupos numerosos de jóvenes de nacionalidad israelí en senderos y alojamientos, a quienes atribuyó actitudes irrespetuosas hacia el entorno natural y la convivencia social, lo que generó adhesiones pero también cuestionamientos por el tono de sus declaraciones.
Sin embargo, la intervención que terminó de instalar la polémica fue la de Bárbara Rearte, quien puso el foco directamente en la responsabilidad del INFUETUR. En ese marco, cuestionó la falta de controles en senderos, áreas naturales y espacios donde rigen prohibiciones claras, como el encendido de fuego o la realización de fiestas.
Asimismo, Rearte advirtió sobre rumores persistentes vinculados al consumo de sustancias, música a alto volumen y encuentros masivos en zonas naturales sensibles, incluso dentro de áreas protegidas. Según sostuvo, estas situaciones serían conocidas por las autoridades, aunque no existirían acciones concretas para prevenirlas o sancionarlas.
De este modo, aunque las publicaciones se viralizaron inicialmente por las críticas a un grupo de turistas extranjeros, el debate derivó en un señalamiento más amplio sobre la ausencia de políticas de control y fiscalización por parte del organismo provincial de turismo. La preocupación central, remarcan las autoras, es el riesgo ambiental que implica la falta de intervención estatal, especialmente en una provincia con ecosistemas frágiles.
Finalmente, el intenso debate en redes sociales expuso un malestar creciente entre residentes y trabajadores del sector turístico, que reclaman mayor presencia del Estado y controles efectivos para proteger los senderos y áreas naturales, y garantizar un turismo responsable en Tierra del Fuego.
