n primer lugar, el Juzgado Federal de Ushuaia admitió formalmente la acción iniciada por la Provincia de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), en el marco del expediente por la intervención del Puerto de Ushuaia. En la resolución firmada el 29 de enero, el magistrado tuvo “por presentada” la demanda de inconstitucionalidad, dando inicio al trámite judicial correspondiente.
Si bien el juez federal Federico Calvete aún no habilitó la feria judicial, aclaró expresamente que esa decisión no implica el rechazo del planteo, sino que responde a la naturaleza de la acción. No obstante, y justamente por la proximidad del reinicio de la actividad judicial, resolvió dar impulso inmediato a las actuaciones, con el objetivo de acelerar el análisis del fondo del reclamo provincial.
En ese sentido, el tribunal dispuso correr vista urgente a la fiscal federal ad hoc, Candela Fernández Núñez, para que se expida sobre tres puntos centrales: la competencia del juzgado, la admisibilidad de la acción y la procedencia de la medida cautelar solicitada por la Provincia. Para ello, fijó un plazo de 48 horas hábiles a partir de la reanudación de la actividad judicial, lo que confirma que el expediente quedó formalmente activado y avanza con celeridad.
Asimismo, el juez Calvete requirió a la fiscalía que se pronuncie sobre las facultades del gobernador fueguino para presentarse en juicio, sin la intervención conjunta de la Fiscalía de Estado, una cuestión que deberá ser definida en esta etapa inicial del proceso y que forma parte del análisis de admisibilidad de la demanda.
Por otra parte, en relación con la representación legal de la Provincia, el juzgado dejó en claro que el secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, actúa como apoderado en virtud del poder acompañado en autos, y sólo señaló que, para litigar ante la Justicia Federal del interior, debe contar con matrícula federal. Incluso, el propio tribunal indicó el mecanismo para regularizar esa situación ante la habilitación del juzgado, lo que refuerza la continuidad del trámite judicial. Más allá de la condición del Dr Fossatto, el otro abogado patrocinante, Juan Carlos Cassagne, quien también patrocina al gobernador Gustavo Melella, cuenta con la matrícula habilitada. Por lo tanto, se trata solamente de una mera formalidad procesal.
De este modo, la resolución judicial abre formalmente el camino para que se analice el planteo de fondo de Tierra del Fuego, incluyendo la constitucionalidad de la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional. La causa quedó así en marcha con celeridad, a la espera del dictamen fiscal que permitirá definir los próximos pasos del proceso.
