l legislador provincial del MPF, Pablo Villegas, se pronunció de manera crítica frente a la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia y advirtió sobre su impacto institucional y político en Tierra del Fuego. En sus declaraciones, sostuvo que el puerto “es de los fueguinos”, al igual que su gestión, administración y los recursos que se obtienen a partir del cobro de tasas, derechos y contribuciones por los servicios portuarios.
En ese marco, Villegas calificó la intervención como “irrazonable, desproporcionada y arbitraria”, y aseguró que vulnera el régimen federal de concertación y cooperación que la Constitución Nacional reconoce e impone a todas las jurisdicciones. Según afirmó, la medida excede claramente las atribuciones del Estado nacional y avanza sobre competencias propias de la Provincia.
No obstante, el legislador aclaró que esta posición no implica avalar ni defender la gestión del gobernador Gustavo Melella ni de las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos. Por el contrario, recordó que mantiene desde hace años diferencias y críticas públicas hacia la administración provincial, así como cuestionamientos a las falencias en la infraestructura portuaria y a eventuales irregularidades administrativas.
Sin embargo, Villegas remarcó que esas deficiencias no habilitan a las autoridades portuarias nacionales a intervenir el puerto ni a apropiarse de recursos provinciales. En ese sentido, sostuvo que la defensa de la institucionalidad, de las instituciones fueguinas y del Estado democrático de derecho “debe darse siempre”, y no solo cuando resulta conveniente al Poder Ejecutivo provincial.
Asimismo, el legislador defendió la plena validez, vigencia y constitucionalidad de la Ley Provincial 1596, que establece la afectación extraordinaria de recursos de la Dirección Provincial de Puertos a favor de la OSEF. Al respecto, recordó que la norma fue votada y sancionada en ejercicio de atribuciones constitucionales y que no viola el Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia firmado en 1992.
En esa línea, consideró un error que el gobernador cuestione la sanción de dicha ley en un intento de deslindar responsabilidades, ya que —señaló— resulta absurdo que la validez de una norma jurídica dependa de la interpretación que realice un funcionario, sea nacional o provincial, legitimando de ese modo las observaciones de la ANPYN.
Por otra parte, Villegas descartó lecturas conspirativas o discursos que buscan responsabilizar a actores externos por la situación actual. “No creo en supuestas conspiraciones; la peor conspiración es el fracaso del propio modelo de gestión”, afirmó, al tiempo que calificó el escenario generado por la intervención del puerto de Ushuaia como un hecho de gravedad institucional.
Finalmente, sostuvo que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo con las máximas autoridades nacionales, incluido el Presidente de la Nación y dejando de lado sesgos ideológicos, pero también con firmeza en el ámbito judicial. En ese sentido, reclamó que el gobernador instruya al Fiscal de Estado para iniciar acciones legales en defensa del patrimonio de Tierra del Fuego, tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución provincial.
