a demanda que enfrenta a la Provincia de Tierra del Fuego con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la intervención federal al muelle de Ushuaia se encuentra en condiciones de avanzar luego de la presentación firmada por el Fiscal de Estado. Esto porque Virgilio Juan Martínez de Sucre contestó el traslado ordenado por el Juzgado Federal y respaldó explícitamente la actuación del gobernador, quien promovió la acción de inconstitucionalidad sin la intervención directa de ese organismo.
En su escrito, el Fiscal fue categórico: no existe ningún defecto de personería y la representación asumida por el Ejecutivo provincial es plenamente válida. Por eso, pidió que el expediente continúe su curso normal y que no se incorporen exigencias formales que, a su entender, solo servirían para demorar el tratamiento de un conflicto sensible.
El planteo se da en el marco de la demanda iniciada a fines de enero por el gobernador contra una resolución de la ANPYN que, según la Provincia, afecta de manera directa sus competencias constitucionales y su control sobre el sistema portuario. En ese contexto, el Ejecutivo solicitó además una medida cautelar para frenar los efectos del acto nacional, advirtiendo sobre la pérdida diaria de recursos y el impacto presupuestario que ello implica.
Sin embargo, antes de avanzar sobre el fondo del planteo, el tribunal decidió consultar al Ministerio Público Fiscal. Allí surgió la controversia: la fiscalía opinó que la ausencia de la Fiscalía de Estado en la representación provincial podía configurar una irregularidad, y sugirió que se “regularice” esa situación antes de seguir adelante.
Frente a ese escenario, la respuesta del Fiscal de Estado fue clara y política. Sostuvo que el gobernador está constitucionalmente habilitado para representar a la Provincia ante la Justicia Federal y que esa facultad no puede quedar condicionada por interpretaciones locales que terminen bloqueando el acceso a la jurisdicción federal.
En su presentación, Martínez de Sucre recordó que la forma en que una provincia organiza su defensa judicial es una facultad no delegada al Estado Nacional. Por lo tanto, advirtió que cualquier duda debe resolverse a favor de permitir la acción, y no de obstaculizarla. En ese sentido, remarcó que forzar la incorporación obligatoria de la Fiscalía en esta instancia podría afectar la coherencia de la estrategia judicial ya definida por el Ejecutivo.
Además, el Fiscal de Estado puso el foco en un aspecto central: su organismo no es un apoderado automático del gobierno de turno, sino un órgano de control de legalidad con independencia funcional. Esa autonomía, explicó, justamente permite que en ciertos casos la Fiscalía no asuma la representación procesal, sin que ello invalide la actuación del Poder Ejecutivo.
De hecho, el escrito recuerda que no es la primera vez que el gobernador litiga sin la intervención directa de la Fiscalía de Estado, tanto en la Justicia provincial como en la federal, sin que ello haya sido objetado por los tribunales. También señala que existen numerosos antecedentes donde, por razones de conflicto de intereses o de control previo, la propia Fiscalía se excusó de intervenir.
Otro punto relevante del planteo es la advertencia sobre las consecuencias prácticas de una interpretación restrictiva. Según el Fiscal, obligar a que toda acción judicial de la Provincia deba pasar necesariamente por su organismo podría generar demoras, conflictos internos y hasta una suerte de “veto” institucional no previsto por la Constitución.
Por eso, pidió expresamente que se tenga por ratificada la actuación del gobernador y que el proceso continúe en el estado en que se encuentra. En subsidio, y solo para evitar cualquier riesgo procesal, dejó planteada su excusación y la posibilidad de que se designe un Fiscal de Estado subrogante si el tribunal insistiera en exigir esa intervención.
El mensaje político del escrito es claro: la defensa de los intereses provinciales frente a una decisión del Estado Nacional no puede quedar atrapada en discusiones formales. En un conflicto donde están en juego recursos, competencias y control sobre un área estratégica como los puertos, la prioridad —según el Fiscal— debe ser que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Ahora será el turno del Juzgado Federal de definir si acepta este criterio y permite que la causa avance, o si insiste en reabrir el debate sobre la representación. De esa decisión dependerá no solo el ritmo del expediente, sino también el alcance real de la autonomía provincial frente a las decisiones del poder central.
