l Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte resolvió ayer condenar a 20 años de prisión a un hombre de 47 años acusado de abusar sexualmente de dos niñas menores de edad en la localidad de Tolhuin. Los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades cuando las víctimas se encontraban bajo su cuidado y fueron considerados probados tras el desarrollo de un juicio oral y no público realizado en Río Grande.
El proceso judicial se inició el pasado 2 del corriente con el imputado en condición de detenido. En la primera audiencia negó los cargos ante el Tribunal integrado por los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Pedro Fernández. A lo largo del debate se incorporó prueba clave, entre ella los testimonios de las víctimas registrados mediante el sistema de Cámara Gesell, mecanismo destinado a evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes.
Durante las audiencias también declararon testigos propuestos por la Fiscalía y la Defensa. Concluida la etapa probatoria, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Mariel Zárate, solicitó una condena de 40 años de prisión al considerar acreditados los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. En contraposición, la Defensa Oficial, a cargo del abogado Marcelo Escola, pidió la inimputabilidad del acusado y su absolución.
Antes del fallo, el imputado hizo uso de su derecho a expresar sus últimas palabras ante el Tribunal. Finalmente, los jueces resolvieron condenarlo a 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado.
Según se estableció en la sentencia, las víctimas fueron la hija biológica y la hijastra del condenado. Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso la implementación de un dispositivo de orientación y contención destinado a acompañar a las niñas.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 25 de febrero a las 13. Con este fallo, el Tribunal dio por concluido un proceso judicial marcado por la gravedad de los hechos y la centralidad de la protección de las víctimas.
