icen que el puerto de Ushuaia fue intervenido para salvarlo del derrumbe. Lo dijeron con palabras graves, con informes que nadie vio y con un tono que no admitía preguntas. Hablaron de fallas estructurales, de abandono, de peligro inminente. Los argumentos oficiales se repitieron con una precisión casi coreográfica, hasta que el diagnóstico pareció incuestionable.
En los hechos, la intervención nació vacía de contenido legal real.
No hubo auditorías públicas previas. No se explicitó una causal concreta prevista en la normativa portuaria. No se acreditó urgencia operativa. Todo fue retórica: un relato armado para justificar una decisión ya tomada.
Pero el puerto siguió funcionando.
Los barcos entraban y salían con la puntualidad de siempre. La logística antártica no se interrumpió, la actividad comercial no se detuvo. No hubo sirenas, ni cierres, ni urgencias visibles. Aquello que se había descripto como un colapso inminente nunca ocurrió. La catástrofe era un relato; la operatoria, un hecho.
Lo más evidente fue lo imposible de ocultar: el puerto no dejó de operar un solo día.
Tampoco ocurrió lo prometido después.
La intervención no trajo ingenieros ni presupuestos. No hubo obras ni inversiones. A pesar de las denuncias grandilocuentes sobre falta de inversión en infraestructura, la intervención no invirtió un céntimo. Nada se reparó porque, en realidad, ese nunca fue el objetivo. La estructura siguió funcionando exactamente igual. Lo único que cambió fue quién daba las órdenes, a quién había que pedir permiso y adónde se redirigían los ingresos que legítimamente le correspondían a la Provincia.
Evidentemente, el problema real nunca fue técnico, sino político.
Con el correr de los días y luego de las semanas, el objetivo se volvió evidente. La intervención no tenía como finalidad corregir nada, sino reordenar poder. Cambiar interlocutores. Desplazar autoridades incómodas. Abrir el tablero para futuros negocios bajo nuevas reglas, más flexibles, más permeables a la discrecionalidad nacional.
La puesta en escena necesitó cómplices. Aparecieron sectores gremiales que arrastraban viejos resentimientos por no haber sido habilitados a manejar cajas paralelas; actores comerciales excluidos de concesiones pasadas; dirigentes políticos molestos por no haber sido incorporados a esquemas de reparto.
Todos confluyeron en una narrativa artificial: el puerto como símbolo del desgobierno provincial. Poco importaba que la realidad desmintiera el discurso día tras día. No se buscaba describir lo que pasaba. Se buscaba justificar una revancha. El discurso del “desgobierno provincial” funcionó como coartada perfecta.
El gobernador Leónidas Arce dejó de esperar respuestas cuando comprendió que el silencio del gobierno nacional no era desorganización ni torpeza, sino método. No había interlocutores porque no había diálogo posible. Desde la asunción del presidente libertario, Tierra del Fuego había sido tratada como un caso ejemplificador: una provincia a disciplinar.
Las señales fueron claras y progresivas. Primero, el cuestionamiento ideológico al subrégimen de promoción industrial, presentado como un privilegio inadmisible en un nuevo orden de mercado puro. Luego, las medidas económicas concretas: quita de beneficios, trabas administrativas, anuncios de revisión permanente. Finalmente, el ajuste presupuestario selectivo. No era una política general de austeridad: era castigo.
Arce entendió que la negativa provincial a alinearse sin condiciones tenía un costo.
Lo que no previó fue la rapidez con la que algunos actores locales aceptarían pagarlo… pero del otro lado.
En el mundo empresario fueguino, el impacto fue inmediato. Las industrias históricas comenzaron a resentirse: márgenes más estrechos, incertidumbre, pérdida de competitividad. Pero no todos reaccionaron igual. Un grupo reducido —el más influyente— activó canales que no pasaban por la provincia.
La consultora Maxilena fue una de las primeras en advertir el movimiento. Empresarios con vínculos fluidos con sectores del gobierno nacional comenzaron a recibir un mensaje implícito pero consistente: el subrégimen era cosa del pasado, pero habría negocios sustitutos.
No se hablaba de compensación pública ni de políticas de transición. Se hablaba de oportunidades privadas: acuicultura a gran escala, logística antártica, concesiones portuarias, servicios asociados a flujos internacionales. Actividades menos intensivas en empleo, más concentradas, más dependientes de habilitaciones discrecionales.
El mensaje era simple: van a perder por un lado, pero pueden ganar por otro.
Y para ganar, la provincia debía estar políticamente débil.
La falta de reacción del empresariado organizado fue el primer síntoma visible de la claudicación. No hubo pronunciamientos firmes contra el ataque al subrégimen. No hubo defensa explícita del federalismo económico. Hubo cautela. Expectativa. Negociación individual.
Arce observaba con una mezcla de incredulidad y lucidez cómo quienes durante décadas habían construido su rentabilidad al amparo de una política de Estado específica ahora aceptaban su desmantelamiento a cambio de promesas de reconversión controladas desde Buenos Aires. No era ideología. Era cálculo.
En ese contexto apareció la confabulación destituyente.
(Continúa mañana…)
N de la R: Aunque algunos nombres o acontecimientos puedan parecer familiares, esta es una historia inventada. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos reales, es mera coincidencia
