ijo:”No sé si esta es la mejor solución”, afirmó Ángel Brisighelli al referirse a la intervención federal del puerto de Ushuaia. Y agregó, con tono de pragmatismo, que no le importa si la administración queda en manos de la Nación, la Provincia, un esquema mixto o privado, siempre que el puerto funcione con eficiencia, reduzca burocracia, mantenga costos competitivos y garantice reinversión visible.
Ahora bien, la declaración de Brisighelli no es menor. Por el contrario, resume una concepción que, bajo el ropaje de la racionalidad operativa, desplaza del centro del debate cuestiones esenciales: la soberanía provincial, el control democrático y el modelo de desarrollo estratégico para Tierra del Fuego.
En efecto, si lo único que importa es que “funcione”, entonces todo lo demás se vuelve accesorio. Bajo esa lógica, sería indistinto si el puerto queda bajo órbita nacional, si se avanza hacia un esquema que diluya la autonomía provincial o incluso si termina administrado por capitales extranjeros. Mientras el engranaje no se detenga y los números cierren, los principios republicanos podrían pasar a un segundo plano.
Este razonamiento, sin embargo, no es novedoso. A lo largo del siglo XX, no faltaron ejemplos de dirigentes y sectores económicos que justificaron regímenes autoritarios por su supuesta eficacia. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet fue defendida por sus reformas estructurales y su “orden” macroeconómico. En España, el franquismo se sostuvo durante décadas bajo la promesa de estabilidad. En Italia, se repitió hasta el cansancio que con Benito Mussolini “los trenes llegaban a horario”, como si la puntualidad ferroviaria compensara la supresión de libertades. En la Argentina, la dictadura cívico-militar de 1976-1983 también fue presentada por algunos sectores como un período de “orden” y “reorganización”, aun cuando ese orden se construyó sobre la supresión de derechos, la persecución política y el terrorismo de Estado.
No se trata, desde luego, de equiparar realidades históricas distintas, sino de advertir sobre un patrón argumental peligroso: cuando la eficiencia se convierte en el único criterio de legitimidad, la democracia corre el riesgo de transformarse en un detalle prescindible.
En este contexto, la postura de Ángel Brisighelli respecto del puerto de Ushuaia parece desentenderse de una pregunta central: ¿quién define el rumbo de una infraestructura estratégica ubicada en el extremo sur del país? Porque el puerto no es únicamente una plataforma de servicios turísticos; además, es un nodo logístico con implicancias geopolíticas, comerciales, científicas y soberanas. Por lo tanto, su conducción dista mucho de ser un asunto técnico neutro.
Asimismo, la contradicción se vuelve más evidente al observar la posición empresarial desde la cual habla Brisighelli. Los hoteles estatales Las Lengas, Canal Beagle y Albatros, así como la Casita de Té en Tolhuin, son inmuebles públicos concesionados a un grupo empresario del que Brisighelli forma parte. Es decir, bienes del Estado cuya explotación privada resulta plenamente válida y funcional cuando genera rentabilidad.
De allí surge una tensión difícil de ignorar: los activos estatales son bienvenidos cuando se trata de concesionarlos y obtener beneficios; pero, en cambio, cuando se discute la defensa de un bien estratégico como el puerto de Ushuaia, la soberanía y la titularidad pública parecen perder relevancia. En otras palabras, el Estado es socio necesario cuando otorga concesiones; sin embargo, pasa a ser secundario cuando ejerce poder político sobre infraestructura clave.
A la vez, esta lógica se repite en otros segmentos del sector turístico. Los propietarios de catamaranes, por ejemplo, podrían impulsar la construcción de un muelle exclusivo —como ocurre con el club náutico— y asumir la inversión correspondiente. No obstante, en muchos casos prefieren operar sobre infraestructura estatal existente, con baja o casi nula inversión estructural propia. Así, se reclama eficiencia pública, pero se evita la corresponsabilidad privada en materia de infraestructura.
Sin embargo, también existen comerciantes e industriales de Ushuaia que han decidido invertir recursos propios en infraestructura de uso público para sostener y mejorar su actividad, asumiendo costos que podrían haber sido trasladados al Estado. Esa conducta demuestra que el sector privado no es homogéneo y que hay actores que comprenden que el desarrollo implica compromiso, riesgo e inversión directa, no sólo exigencia de servicios eficientes.
Por su parte, Ángel Brisghelli insiste en que lo relevante es que el puerto reduzca burocracia y mantenga costos competitivos. Sin embargo, la pregunta que subyace es otra: ¿competitivos para quién y bajo qué estrategia de largo plazo? Porque la reducción de burocracia puede ser una mejora administrativa o, alternativamente, una excusa para concentrar decisiones sin controles adecuados. Del mismo modo, la reinversión visible requiere reglas claras, supervisión y transparencia, no solo declaraciones de buena voluntad.
En consecuencia, el debate sobre la intervención federal no puede agotarse en un análisis de tiempos de operación y tarifas portuarias. Antes bien, está en juego la capacidad de la Provincia de incidir en un activo estratégico, la articulación con una política nacional y la preservación de márgenes de decisión local.
Cuando Ángel Brishigelli sostiene que no importa quién administre, en realidad está relativizando el origen y los límites del poder. Y en una república, eso sí importa. Importa quién decide, bajo qué controles y con qué responsabilidad frente a la ciudadanía.
Desde luego, la eficiencia es deseable. Nadie discute la necesidad de un puerto moderno, ágil y competitivo. Pero si el precio de esa eficiencia es relegar la discusión sobre soberanía y autonomía provincial, entonces el costo institucional puede ser considerable.
En definitiva, la historia enseña que la promesa de orden y funcionamiento suele ser seductora. Sin embargo, también demuestra que cuando los principios democráticos se subordinan exclusivamente a criterios operativos, el deterioro institucional avanza de manera silenciosa.
Por todo ello, el puerto de Ushuaia merece más que una mirada sectorial centrada en balances y tiempos de atraque. Merece un debate profundo, participativo y estratégico sobre su conducción y su rol en el desarrollo fueguino. Porque en asuntos estructurales, la administración nunca es un detalle técnico: es, ante todo, una definición política. Y esa definición no puede quedar reducida, sin más, a la simple condición de que “funcione”.
Imagen ilustrativa: Eduardo “Nico” Nicolai
*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
