iene de ayer: … En ese contexto apareció la confabulación destituyente.
No fue un proceso institucional serio ni un reclamo genuino de gobernabilidad. Fue un armado oportunista impulsado por políticos sin proyecto y empresarios sin lealtad territorial. El juicio político nunca tuvo entidad real: no buscaba destituir, sino debilitar, erosionar, instalar la idea de un poder provincial agotado.
Un reducido grupo de legisladores provinciales, liderados por Anacleto Roldán fue su cara visible. No hablaban de corrupción estructural ni de delitos concretos. Hablaban de “clima de crisis”, de “aislamiento”, de “falta de previsibilidad”. Conceptos deliberadamente vagos, funcionales al relato de que la provincia necesitaba un recambio para volver a ser “confiable” ante el poder central.
El juicio político era una amenaza latente, no un objetivo final. Una herramienta de presión. Un mensaje hacia afuera: Tierra del Fuego está lista para reordenarse.
Desde el ámbito judicial, el doctor Ermenegildo Echeverría llevaba muchos años integrando el máximo organismo de la justicia. Los últimos habían sido una sucesión de denuncias en su contra nunca del todo probadas, pero tampoco desmentidas. Ahora estaba a un paso de enfrentar un proceso que podía determinar su destitución. Y Echeverría no era un hombre que aceptara caer solo.
Desde su despacho activó una red construida con paciencia: fiscales jóvenes promovidos por él, jueces intermedios endeudados en favores, todos acostumbrados al llamado nocturno. No ordenaba: sugería. No amenazaba: recordaba.
Las primeras denuncias aparecieron contra funcionarios del Ejecutivo provincial. Nada concluyente, pero suficientes para titulares. Auditorías relámpago, pedidos de informes y citaciones públicas aportaron el decorado técnico. Denuncias dispersas, expedientes abiertos sin profundidad, movimientos calculados para acompañar el clima. Cada paso pretendía estar jurídicamente justificado; el conjunto, no.
Echeverría sabía que si el gobernador caía, su propia situación se diluiría. La justicia no como fin, sino como instrumento de supervivencia.
Entre tanto barullo y oportunismo, lo más llamativo fue la reacción —o la ausencia de ella— del sistema político en su conjunto. Algunos expresaron su disconformidad con el avasallamiento federal; otros se sumaron con el tiempo; un sector directamente calló y eligió no confrontar. Algunos jugaron el doble juego: crítica pública y negociación privada. Sabían que cuanto más débil quedara el gobernador, mayor sería su margen futuro.
La sociedad, mientras tanto, permaneció encapsulada en lo inmediato. El avance sobre la autonomía provincial no se percibía en el supermercado ni en el transporte. Sin urgencia cotidiana, no hubo reacción.
Así, la intentona destituyente se fue diluyendo sin necesidad de ser derrotada. No porque fracasara, sino porque había cumplido su función: mostrar que resistir tenía costos y que negociar era más rentable que confrontar.
Para Arce, el episodio fue revelador. El puerto no había sido intervenido por ineficiencia, sino por indisciplina política. Y quienes acompañaron la maniobra no lo hicieron por convicción institucional, sino porque alguna vez se les había negado un negocio.
La intervención fue, en esencia, un mensaje: el que no habilita negociados puede ser intervenido.
Con el tiempo, incluso algunos de los que celebraron la medida comenzaron a guardar silencio. Las inversiones prometidas no llegaron. Las irregularidades nunca se tradujeron en causas sólidas. El expediente administrativo se volvió opaco. Pero ya no importaba. El daño simbólico estaba hecho.
Finalmente, cuando el desgaste parecía haberse naturalizado, la provincia obtuvo respuesta de la justicia federal. El fallo llegó sin épica, pero con contundencia: el organismo nacional carecía de competencia para intervenir un ente provincial. La intervención fue declarada ilegal por haber arrogado facultades que el orden federal no le concedía. El conflicto quedó zanjado jurídicamente. No se reparó el daño político, pero quedó escrita una verdad incómoda: el atropello había existido, y el derecho, aun lento, había terminado por nombrarlo.
El puerto había sido utilizado por las autoridades nacionales, por un lado como escenario para pretender un castigo ejemplificador a un estado provincial que no se había alineado a sus designios y que, por ser el de menor significación poblacional, suponía el más fácil de castigar pretendiendo convertirlo en un ejemplo del “poderío imperial” que desde la administración nacional se podía aplicar a quienes no aceptaran sus antojadizas imposiciones. Y por otro para intentar consolidar una unidad de negocios que les permitiera compensar tanto a sus advenedizos socios políticos como a sus propios interese económicos.
Una operación política disfrazada de corrección técnica.
Un acto sin sustancia jurídica, sostenido por la complicidad de quienes confundieron interés propio con interés público.
Y mientras los barcos siguieron operando con normalidad, quedó expuesto el verdadero sentido de la intervención: no cambiar una realidad defectuosa, sino inventar una que sirviera para ajustar cuentas.
Si bien todo siguió su curso, la Provincia ya no fue la misma.
Tierra del Fuego no fue vencida en una batalla institucional: se intentó negociarla en partes, con la complicidad activa de quienes vieron en la crisis una oportunidad y la pasividad de una ciudadanía que no advirtió que, cuando el federalismo se erosiona sin ruido, suele ser porque ya fue entregado.
N de la R: Aunque algunos nombres o acontecimientos puedan parecer familiares, esta es una historia inventada. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos reales, es mera coincidencia
