a aprobación de la reforma laboral en el Senado —42 votos afirmativos, 30 negativos, sin abstenciones y con 28 modificaciones incorporadas sobre el texto original— expuso algo más profundo que una disputa coyuntural. Volvió a poner en evidencia una degradación sostenida del proceso legislativo argentino: el predominio del verticalismo partidario por sobre la deliberación sustantiva.
El número final refleja disciplina. No necesariamente convicción ni comprensión. Las 28 modificaciones no fueron el resultado de una discusión técnica abierta en comisión ni de un intercambio robusto en el recinto. Respondieron, en gran medida, a negociaciones políticas con gobernadores dialoguistas y a ajustes orientados a desactivar resistencias específicas —gestos hacia la CGT y hacia el sector bancario— indispensables para que la iniciativa avanzara. El trámite fue exitoso en términos de aritmética parlamentaria. No así en calidad institucional.
La secuencia posterior lo confirma. Tras la sanción, estalló un conflicto de magnitud por la inclusión del artículo vinculado a las licencias médicas. La controversia no surgió durante el debate formal, ni en el tratamiento en particular, ni en las exposiciones previas a la votación. Apareció después. Ese desfase es el dato relevante.
Si un artículo genera reacciones severas una vez aprobado, existen dos posibilidades: o fue incorporado de manera opaca en la negociación final, o fue votado sin lectura exhaustiva por parte de quienes levantaron la mano, tanto a favor como en contra. En ambos casos, el problema es estructural.
La frase atribuida a la secretaria general de la Presidencia —“A los proyectos del Ejecutivo, primero se los vota y después se los lee”— no es un exabrupto. Es la síntesis de una concepción vertical del poder.
Bajo esa lógica, la deliberación interna no es un valor sino una interferencia. La discrepancia se interpreta como deslealtad y la disciplina partidaria se confunde con obediencia ciega.
En ese esquema, el bloque legislativo funciona como una correa de transmisión de decisiones tomadas en otro nivel. El Congreso conserva la forma institucional, pero pierde densidad deliberativa. La consigna implícita es garantizar el voto, no enriquecer el texto.
La idea de que el Parlamento actúa como una escribanía del Ejecutivo no es nueva en la tradición política argentina. Ha sido una crítica recurrente frente a mayorías automáticas y a prácticas de hiperpresidencialismo. En cada ciclo político se prometió erradicarla, fortalecer el debate y recuperar autonomía legislativa. Sin embargo, la persistencia de la lógica vertical demuestra que el problema no ha sido superado. Las campañas suelen reivindicar un Congreso activo; la práctica revela continuidades.
El verticalismo partidario, que ordena bloques y simplifica la gobernabilidad, termina operando como sustituto del análisis. Los legisladores votan alineados con la estrategia de su espacio, no necesariamente con la letra detallada del proyecto. La discusión técnica queda relegada a asesores o directamente absorbida por el Poder Ejecutivo y los equipos negociadores. El recinto se convierte en instancia de ratificación, no de deliberación.
La paradoja es que el Senado introdujo 28 cambios. Es decir, hubo margen para intervenir sobre el texto. Sin embargo, la polémica por las licencias médicas indica que la revisión no fue integral. Se negoció lo que generaba costos políticos visibles —relación con gobernadores, sindicalismo, sector financiero— pero no se sometió el conjunto a un examen consistente.
El episodio no es excepcional; es representativo. La lógica de acuerdos cerrados en despachos, sumada a la urgencia política por mostrar resultados y a la necesidad de exhibir cohesión interna, reduce el incentivo a discutir públicamente cada disposición. Quien se aparta del libreto partidario arriesga sanciones internas o pérdida de capital político. El resultado es un Congreso con menor autonomía real y menor densidad argumentativa.
El verticalismo extremo no solo ordena conductas: produce efectos institucionales. Genera autocensura interna, homogeneiza el discurso y diluye la responsabilidad individual. Cuando el costo de disentir es alto, la racionalidad política empuja a la conformidad automática. La orden sustituye al argumento y el debate se vuelve ritual.
Ese proceso fortalece el hiperpresidencialismo más allá de las facultades formales del Ejecutivo. No se trata solo de quién impulsa la agenda, sino de cuánto margen real existe para discutirla, modificarla o condicionarla. Un Parlamento que no introduce correcciones ni plantea reparos deja de cumplir su función de contrapeso.
La experiencia histórica es clara: los sistemas que avanzaron hacia formas autocráticas no comenzaron suprimiendo el Congreso, sino vaciándolo. Mantuvieron cámaras en funcionamiento, pero redujeron su capacidad deliberativa efectiva. La concentración de poder fue precedida por la neutralización del disenso y la consolidación de mayorías disciplinadas.
En una democracia madura, la disciplina coordina; no clausura. La cohesión política puede coexistir con el debate interno. De hecho, la discusión fundada fortalece las decisiones al anticipar objeciones y corregir debilidades. El verticalismo, en cambio, posterga los conflictos hasta que se transforman en crisis públicas o en costos institucionales mayores.
La capacidad intelectual del legislador es central en este equilibrio. No basta con contar con asesores que redacten argumentos. El voto es personal e indelegable. Solo quien comprende el alcance jurídico y político de una norma puede defenderla con coherencia y asumir sus consecuencias. Cuando el representante repite fórmulas ajenas sin elaboración propia, el Parlamento pierde espesor y el debate se empobrece.
El hiperpresidencialismo no es una evolución del sistema democrático, sino una tensión permanente dentro de él. Si la lógica de la escribanía —históricamente cuestionada— se mantiene pese a las promesas de cambio, la conclusión es evidente: la calidad institucional no depende de consignas de campaña, sino de prácticas efectivas.
Un Congreso que lee, argumenta y controla no obstaculiza la gobernabilidad. La legitima. Sin deliberación real, la democracia se reduce a un procedimiento formal. Y cuando el procedimiento reemplaza al debate, el sistema pierde su sustancia republicana.
La calidad de una ley no depende sólo de su contenido final, sino del proceso que la produce. Cuando el debate es superficial o condicionado por órdenes verticales, se debilita la legitimidad normativa y aumenta la probabilidad de conflictos posteriores, judicialización o necesidad de correcciones apresuradas.
El conflicto por el artículo de licencias médicas no es un error aislado. Es un síntoma. Indica que el procedimiento legislativo está priorizando la construcción de mayorías circunstanciales por sobre la construcción de consensos informados. En un sistema presidencialista como el argentino, donde el Congreso debería funcionar como contrapeso deliberativo, esa tendencia erosiona su rol institucional.
La votación cerrada —sin abstenciones— puede leerse como fortaleza política. También puede interpretarse como homogeneización forzada. Cuando la polémica aparece después del voto, la pregunta no es quién ganó la votación. Es quién leyó, discutió y defendió con fundamentos cada artículo aprobado. Esa es la vara que hoy parece haberse corrido.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
