a apertura de las importaciones de productos tecnológicos ya exhibe su primer impacto industrial del año en Tierra del Fuego. Telecomunicaciones Fueguinas (TelFu) confirmó que cerrará su planta del Parque Industrial de Río Grande, donde ensamblaba de manera exclusiva teléfonos celulares de la marca china Realme.
La empresa comunicó la decisión a su personal y anticipó que no continuará con la producción durante 2026. La medida alcanza a 50 trabajadores, entre empleos directos y puestos indirectos vinculados a firmas que mantenían contratos con la compañía.
El cierre se produce en un contexto de cambios en la política comercial nacional. Desde el año pasado, el Gobierno dispuso la reducción de aranceles y la apertura de la importación de teléfonos móviles con el objetivo declarado de reducir los precios al consumidor. En ese escenario, TelFu comenzó a enfrentar un deterioro sostenido en su actividad.
Según la información difundida por la empresa, la combinación de una fuerte caída del consumo interno y el ingreso de equipos importados a menores costos volvió inviable la continuidad del esquema productivo local. La fabricación en la isla perdió competitividad frente a los productos terminados provenientes del exterior.
A fines de 2025, la firma ya había suspendido la producción. En ese momento acordó con los gremios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA) el pago de los salarios adeudados a los operarios. Ese compromiso pudo sostenerse hasta diciembre. Con el inicio de 2026, la empresa aseguró que la situación financiera se agravó y que el cierre se convirtió en la única alternativa.
El caso de TelFu constituye la primera consecuencia concreta del año vinculada a la liberalización total de las importaciones de celulares, uno de los principales rubros de las plantas electrónicas radicadas en la provincia bajo el régimen de promoción industrial.
El impacto excede a la firma. El entramado productivo de Río Grande, históricamente apoyado en la industria electrónica, enfrenta un escenario de reconfiguración. La salida de una planta que operaba exclusivamente con una marca internacional plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de ensamblado local frente a un mercado abierto.
Tras el anuncio, los sindicatos iniciaron un plan de acción orientado a garantizar mejores condiciones para los trabajadores afectados. Las organizaciones gremiales reclaman alternativas que atenúen la pérdida de empleo y advierten sobre el efecto multiplicador que puede generar la medida en la economía local.
En paralelo, se aguardan definiciones de las autoridades provinciales y nacionales respecto de posibles instrumentos de contención. El cierre de la planta no solo implica la desvinculación de medio centenar de trabajadores, sino que también reabre el debate sobre el equilibrio entre precios al consumidor, política industrial y empleo en una de las regiones más dependientes del régimen promocional.
La decisión empresarial marca un punto de inflexión para el sector. En un mercado cada vez más competitivo y con menores barreras de ingreso para los productos importados, la industria fueguina deberá redefinir su estrategia si pretende sostener niveles de producción y empleo en los próximos años.
