n hombre fue condenado en Río Grande a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de tenencia, divulgación y distribución de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes, tras un juicio oral que puso el foco en el rastreo digital y la cooperación internacional para detectar este tipo de delitos.
El fallo fue dictado este viernes por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, que halló al acusado penalmente responsable de los hechos investigados. En la misma causa, su pareja —también imputada— fue absuelta por falta de pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El proceso judicial se inició el pasado 11 de febrero de 2026 y ambos acusados llegaron al debate en libertad. La investigación se había originado cuatro años antes, el 1 de febrero de 2022, a partir de un reporte emitido por la organización internacional National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que alertó sobre la posible circulación de contenido sexual infantil vinculado a una conexión radicada en la provincia.
A partir de esa notificación se abrió una causa penal y tomó intervención la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, que desplegó tareas de análisis técnico, seguimiento de direcciones IP, rastreo de comunicaciones digitales y preservación de evidencia informática.
Como resultado de esas diligencias, los investigadores establecieron cuatro hechos que fueron atribuidos a los imputados y que constituyeron el eje del juicio oral. Según se expuso en el debate, el caso incluyó contacto con menores de edad a través de redes sociales y la presunta distribución de material con contenido sexual explícito.
Durante la primera jornada del juicio, los acusados optaron por no declarar ante el tribunal. En esa audiencia inicial se presentó un informe técnico elaborado por la unidad especializada interviniente, en el que se detallaron las medidas adoptadas a lo largo de la pesquisa, el análisis forense de dispositivos y comunicaciones, y el material digital incorporado como prueba al expediente.
Además, se produjeron nueve declaraciones testimoniales. Parte de esos testimonios fueron incorporados por lectura, conforme lo dispuso el tribunal, en el marco de las facultades procesales previstas para este tipo de casos.
El Tribunal de Juicio estuvo presidido por la jueza Verónica Marchisio, con las vocalías de Eduardo López y Juan José Varela. En representación del Ministerio Público Fiscal actuó la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa técnica de los imputados estuvo a cargo de los defensores oficiales Alejandro Naccarato y Rita Marchi.
Si bien el veredicto condenatorio ya fue dado a conocer, los fundamentos completos de la sentencia serán leídos el próximo 6 de marzo a las 13. En esa instancia se detallarán los argumentos jurídicos y la valoración de la prueba que llevaron al tribunal a dictar la condena para el principal acusado y la absolución de su pareja.
El caso vuelve a poner en agenda la problemática de los delitos informáticos vinculados a la explotación sexual de menores y la relevancia de los mecanismos de cooperación internacional que permiten detectar y denunciar este tipo de conductas, muchas veces invisibles y cometidas a través de plataformas digitales.
