ay una verdad incómoda que la política suele esquivar y que buena parte de la sociedad ya no tolera disfrazada de eufemismos: sin educación no hay transformación posible. No la hay en los discursos, no la hay en las promesas de campaña, no la hay en los planes estratégicos que se apilan en oficinas. La educación no es un capítulo más del presupuesto ni una bandera para la foto. Es la herramienta central de cualquier proyecto de desarrollo. Y cuando esa herramienta se rompe —o se la rompe— la provincia queda condenada a repetir sus fracasos.
Lo más grave es que estamos ante una provincia con condiciones para convertirse en modelo. Recursos, ventajas competitivas, un horizonte productivo posible. Pero ese potencial se desperdicia con una constancia asombrosa: cada año que se pierden clases, cada ciclo lectivo atravesado por la conflictividad crónica, cada estudiante que termina la escuela sin comprensión lectora sólida, sin matemáticas básicas, sin hábitos de estudio, es una puerta que se cierra. Y esas puertas no se cierran en abstracto: se cierran en la cara de los que menos tienen, de los que solo cuentan con la escuela pública como ascensor social.
La educación debería ser el corazón del plan de desarrollo provincial. Sin embargo, se la trata como un campo de batalla donde el alumno es el rehén. Y ahí aparece el problema que nadie quiere mirar de frente: la captura corporativa del sistema educativo. No se trata de demonizar a los docentes —que sostienen escuelas en condiciones difíciles y merecen reconocimiento— ni de negar el rol histórico de las organizaciones sindicales. Se trata de señalar una deformación que hace daño: cuando el sindicalismo deja de ser representación y pasa a ser poder de veto; cuando la lógica de presión reemplaza al debate; cuando la interrupción del servicio educativo se naturaliza como herramienta rutinaria; cuando la política cede, posterga, negocia en la penumbra y acepta que el costo lo paguen siempre los mismos.
En ese marco, es imprescindible desarticular prácticas que se han vuelto parte del paisaje y que, por repetidas, ya casi no escandalizan. Paros como reflejo automático, bloqueos de decisiones de gestión, colonización del debate pedagógico por intereses ajenos a los aprendizajes, mecanismos que garantizan conflicto permanente. Si el sistema funciona al ritmo del ultimátum, la provincia no gobierna: administra crisis. Y cuando una provincia vive administrando crisis, nunca despega.
Hace falta decirlo sin rodeos: garantizar el derecho a la educación implica garantizar que haya clases y que haya aprendizaje. Todo lo que convierta la escuela en ficha de negociación vulnera ese derecho. El debate serio no es “docentes contra gobierno” ni “sindicato contra ministerio”. El debate serio es si vamos a seguir tolerando que los chicos pierdan días, meses, años de formación; si vamos a aceptar que la evaluación sea una mala palabra; si vamos a seguir sin datos públicos claros sobre asistencia, reemplazos, concursos, licencias, resultados. Porque sin transparencia no hay mejora, y sin mejora no hay futuro.
La provincia necesita reinstalar un debate cívico profundo, con reglas y método. Un pacto educativo que involucre a todos: Estado, docentes, directivos, familias, estudiantes, universidades y sector productivo. No para producir un documento declamativo, sino para fijar principios no negociables: días de clase garantizados con mecanismos reales de recuperación; evaluación para corregir y apoyar; carrera docente clara y auditable; gestión transparente; presupuesto con trazabilidad; prioridades pedagógicas definidas y sostenidas, empezando por alfabetización y matemática. Lo básico. Lo que cualquier sociedad que se toma en serio el desarrollo protege como un tesoro.
Transformar no es anunciar. Transformar es hacer que el sistema funcione con estabilidad, previsibilidad y foco en el alumno. Y eso exige coraje político: dejar de mirar la educación como un problema a patear para adelante y tratarla como el eje del proyecto provincial. También exige coraje social: abandonar la resignación, dejar de aceptar como normal lo que es inaceptable.
Una provincia se vuelve modelo cuando logra lo elemental de manera consistente: que sus chicos estén en la escuela, que aprendan, que la institución tenga autoridad y reglas, que los conflictos se procesen sin secuestrar el futuro. Todo lo demás —planes, slogans, anuncios— es literatura si no recuperamos lo principal: la escuela no es territorio de disputa, es el punto de partida del desarrollo. Y si la seguimos entregando a la lógica del apriete y la parálisis, no perderemos una discusión sindical: perderemos una generación.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
