as declaraciones del gobernador Ricardo Quintela marcan un umbral inquietante en el debate público argentino. Afirmar que “este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027” no constituye una metáfora política ni una hipérbole retórica: es una formulación que cuestiona de manera directa la duración constitucional de un mandato conferido por el voto popular. En una democracia representativa, ese tipo de enunciados no son inocuos. Son, en sí mismos, una señal de alarma.
La Constitución Nacional no fija plazos caprichosos. Establece términos de mandato como garantía de estabilidad, previsibilidad y división de poderes. El presidente puede ser criticado, controlado, limitado y eventualmente juzgado por los mecanismos que la propia Constitución prevé. Lo que no puede ser es condicionado por declaraciones que sugieren su interrupción al margen de esas reglas. Cuando un gobernador en ejercicio desliza que un presidente no debería completar su mandato, la frontera entre oposición firme y pulsión destituyente se vuelve peligrosamente difusa.
La Argentina conoce demasiado bien las consecuencias de relativizar el orden institucional. Cada quiebre, cada salida anticipada, cada excepción celebrada como solución coyuntural terminó agravando los problemas que decía resolver. Naturalizar la idea de que un gobierno “no puede” concluir el período para el que fue elegido implica reinstalar una lógica que erosiona la soberanía popular: la noción de que la continuidad democrática depende del juicio político de los adversarios y no de las urnas.
La referencia a la crisis de 2001 y la insinuación de que existen “sacrificios que valen la pena” profundizan esa gravedad. Las muertes y la violencia institucional de aquel período no son recursos argumentativos disponibles para la disputa contemporánea. Convertir un trauma nacional en antecedente justificatorio de una eventual interrupción del mandato es un gesto político de enorme irresponsabilidad. No se trata de dramatizar el debate, sino de comprender que ciertos umbrales no deberían cruzarse en el discurso público.
Es cierto que el clima institucional actual dista de ser ejemplar. El oficialismo ha contribuido a degradar la conversación democrática con descalificaciones reiteradas hacia opositores, periodistas y miembros de otros poderes del Estado. El destrato sistemático a quienes disienten debilita la cultura republicana y trivializa el respeto institucional que luego se reclama. Esa dinámica confrontativa alimenta respuestas cada vez más extremas y consolida un círculo vicioso de agravios.
Sin embargo, esa constatación no funciona como atenuante. El hecho de que el oficialismo incurra en prácticas de hostilidad discursiva o tensione los vínculos entre poderes no habilita a la oposición a insinuar la interrupción del orden constitucional. La degradación del debate no puede escalar hacia la impugnación del mandato. La respuesta republicana frente a los excesos del Ejecutivo es más control parlamentario, más litigio judicial, más deliberación pública y, en última instancia, más competencia electoral. Nunca menos.
La democracia no es un sistema que garantice buenos gobiernos; es un sistema que garantiza reglas para cambiarlos. Si un sector político considera que la administración actual conduce al país por un rumbo equivocado, su obligación es construir mayoría social y política para derrotarla en las urnas o para activar, si correspondiera, los mecanismos institucionales previstos. Sugerir que el mandato no debe completarse es, en cambio, insinuar que la voluntad popular puede ser revocada por presión política.
El punto central no es la defensa de una figura presidencial determinada. Es la defensa de la regla que sostiene a todas. Hoy puede tratarse de un gobierno que incomoda a un sector; mañana podría ser el inverso. Si la duración de los mandatos queda sujeta a la intensidad de la protesta o a la convicción de que el adversario “no puede seguir”, la democracia se transforma en un terreno inestable donde la legitimidad es siempre provisional.
La Argentina necesita elevar la calidad de su discusión pública, no empujarla hacia el borde. Las palabras de un gobernador no son meras opiniones privadas: tienen peso institucional y capacidad de influir en el clima político. Por eso resultan especialmente preocupantes cuando sugieren, aun de manera indirecta, la conveniencia de acortar un mandato constitucional.
Defender la institucionalidad no es alinearse con un gobierno. Es preservar la única herramienta que la sociedad tiene para reemplazarlos sin violencia: el respeto irrestricto a la ley y al calendario democrático.
Defender la institucionalidad no es defender a un presidente. Es defender el principio de que el poder se obtiene y se pierde únicamente dentro de la ley. Todo lo demás ya fracasó.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
