a Caja Provisional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el Personal del ex Territorio atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. A la crítica situación financiera que arrastra desde hace años se suma ahora un factor que amenaza con acelerar el deterioro: la creciente judicialización de los reclamos por falta de pago de haberes.
Así lo expone un informe interno firmado por el vicepresidente del organismo, comisario general Guillermo Morgan, actualmente a cargo de la Presidencia, en el que se traza un panorama sombrío sobre el presente y el futuro inmediato de la institución .
El documento advierte que la crisis financiera e institucional “se verá agravada” como consecuencia de las acciones judiciales iniciadas por beneficiarios ante los fueros locales. En la actualidad se encuentran en trámite 146 acciones de amparo, en distintos estados procesales. De ese total, 46 cuentan con sentencia de primera instancia favorable a los demandantes, mientras que 10 fueron resueltas por la Cámara de Apelaciones con fallo favorable al organismo previsional .
Sin embargo, el escenario más complejo aún no llegó. Según el informe, se prevé la continuidad de los expedientes ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, instancia en la que se proyecta un resultado adverso para la Caja. De concretarse esa tendencia, el impacto sería no sólo financiero, sino también institucional, al multiplicarse las obligaciones de pago en un contexto de recursos escasos .
Desde la conducción del organismo sostienen que la falta de pago de los haberes compensatorios no obedece a una decisión discrecional, sino a una “imposibilidad material y jurídica” derivada de la insuficiencia de recursos líquidos y de la ausencia de instrumentos normativos y financieros adecuados para revertir el déficit .
Las cifras grafican la magnitud del problema. La deuda consolidada del régimen administrado asciende a 4.063.923.000 pesos, según se consigna en términos exclusivamente numéricos en el informe oficial . Se trata de un pasivo que compromete seriamente la sostenibilidad del sistema y limita cualquier margen de maniobra.
El documento también pone el foco en el desfinanciamiento estructural. Señala que se ha extendido la falta de cancelación total y oportuna de las contribuciones patronales y de los aportes personales correspondientes al personal activo y a los beneficiarios del régimen previsional provincial. Esa situación, advierte, profundiza el desequilibrio del sistema y afecta de manera directa su viabilidad financiera .
Frente a este cuadro, la conducción de la Caja considera indispensable la intervención del Poder Ejecutivo. En el informe se solicita que el Gobierno garantice la cancelación de los haberes compensatorios del período vigente y disponga la asistencia financiera necesaria para afrontar la deuda ya generada .
Mientras tanto, los familiares de policías del ex Territorio mantienen sus reclamos y recurren a la Justicia como vía para asegurar el cobro de prestaciones que consideran derechos adquiridos. La tensión entre las demandas individuales y la fragilidad del sistema configura un escenario de alta conflictividad.
Con una deuda multimillonaria, decenas de fallos en trámite y un horizonte judicial incierto, la Caja Policial enfrenta una encrucijada decisiva. Sin un salvataje financiero y una reforma estructural que recomponga ingresos y obligaciones, el riesgo de un agravamiento del colapso previsional aparece cada vez más cercano.
