l legislador del bloque Provincia Grande, Juan Matías Lapadula, presentó un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Ambiental, Productiva y Sanitaria en todo el territorio fueguino ante la proliferación de perros asilvestrados y de vida libre. La medida tendría una vigencia de cinco años desde su entrada en vigor y podría ser prorrogada por el Poder Ejecutivo mediante acto fundado.
En los fundamentos, el autor sostiene que se trata de una problemática “estructural, persistente y creciente” cuyos efectos impactan de manera directa sobre la biodiversidad, la producción ganadera y la salud pública.
En el plano productivo, el proyecto señala que los ataques a rebaños ovinos provocan mortandad de animales adultos y corderos, abortos por estrés, dispersión del ganado y abandono de campos. Esta situación, indica, repercute en la caída del stock ovino y afecta al cordero fueguino, producto emblemático de la identidad gastronómica provincial y atractivo turístico reconocido a nivel nacional e internacional.
La iniciativa también remarca la dimensión sanitaria del problema, al advertir que la presencia de perros sin control favorece la circulación de enfermedades zoonóticas, en particular la hidatidosis, con consecuencias para la salud humana y pérdidas económicas en la producción ganadera por decomisos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la suspensión, mientras dure la emergencia, de la aplicación del artículo 1° de la Ley Provincial 680 en todo aquello que resulte incompatible con las acciones previstas. Esa norma prohíbe desde fines de 2005 la eutanasia de animales de compañía, por lo que la propuesta abre la puerta a su revisión en el marco de la emergencia.
Además, se autoriza al Ejecutivo a diseñar e implementar un Plan Provincial Integral para el Control, Reducción y Erradicación de Perros Asilvestrados, con participación de organizaciones rurales, municipios, instituciones académicas y organismos sanitarios y ambientales. El plan deberá identificar zonas críticas rurales y periurbanas, establecer acciones específicas para proteger la producción ovina y bovina, definir protocolos humanitarios y sanitarios de control y reforzar la vigilancia epidemiológica.
El proyecto incorpora un capítulo dedicado a la tenencia responsable. Establece que todas las mascotas deberán estar identificadas mediante microchip u otro sistema oficial, registradas ante la autoridad competente y castradas, salvo excepciones. También se prohíbe la circulación en espacios públicos sin correa o sistema de sujeción adecuado.
En ese marco, se crea un Permiso de No Castración, de carácter excepcional, anual y revocable, sujeto al cumplimiento de requisitos de control sanitario y supervisión. Asimismo, se establece una Contribución Especial Provincial por la tenencia de caninos no castrados amparados por ese permiso. Lo recaudado se distribuiría en partes iguales; el 50% para los municipios, destinado a campañas de castración, identificación y control poblacional, y el 50% para programas provinciales vinculados a la emergencia.
La propuesta contempla además la creación de un Registro Provincial de Mascotas, integrado con los registros municipales, campañas masivas y permanentes de castración e identificación, y programas de educación y concientización sobre el impacto ambiental, productivo y sanitario del abandono animal.
En materia sancionatoria, se prevén infracciones por tenencia sin identificación o registro, incumplimiento de la castración obligatoria, circulación sin correa, abandono de animales y obstrucción de operativos oficiales, entre otras conductas. Las sanciones podrían incluir apercibimientos, multas, decomiso del animal, inhabilitación para la tenencia y obligación de capacitación.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Producción y Ambiente, y se invita a los municipios a adherir en el marco de sus competencias.
La iniciativa se suma al marco legal vigente. En 2016, la Legislatura sancionó la Ley 1146, que estableció presupuestos mínimos de protección ambiental para evitar el impacto de los perros asilvestrados, declaró a estos animales como especie exótica invasora, creó un fondo específico para financiar acciones, integrado, entre otros recursos, por el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural y ordenó la elaboración de un Programa de Manejo de Poblaciones de Perros que por desinterés, desidia o incapacidad no ha logrado ningún avance significativo en la materia.
